En el marco de la Marcha del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que su administración garantiza plenamente el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica.
“Hay libertad para la manifestación y para las expresiones ciudadanas”, afirmó, al destacar que históricamente la capital ha sido un espacio donde las protestas se desarrollan sin restricciones, incluso cuando están dirigidas contra el propio gobierno.
Exige que convocantes se deslinden de actos violentos
Brugada hizo un llamado directo a los grupos organizadores de la marcha para que se distancien de cualquier comportamiento violento:
“Lo primero que pediría es que los grupos convocantes se deslinden de la violencia. Si no lo hacen, pareciera que la están avalando”.
— Clara Brugada
La mandataria señaló que es fundamental que quienes encabezan las movilizaciones no incluyan la violencia como parte de su convocatoria y que ayuden a mantener ambientes seguros para todas las asistentes, incluidas familias que suelen participar en este tipo de marchas.
Gobierno capitalino promete manifestación pacífica con protocolo de seguridad
Clara Brugada reiteró que el gobierno capitalino no ordena ni impulsa actos de represión:
“Del Gobierno de la Ciudad en ningún momento se impulsa ni se da línea de reprimir a nadie. De ninguna manera”.
— Clara Brugada
Explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un protocolo especializado para garantizar una marcha pacífica, basado en el diálogo y la gobernabilidad.
“Si hay violencia, estamos obligados a actuar conforme a la ley”
La jefa de Gobierno advirtió que, si durante la movilización del 25N se registran actos que dañen a terceros o al patrimonio público, las autoridades deberán intervenir de forma legítima:
“No queremos marchas violentas. Si hay afectaciones con este tipo de movilizaciones, nos obligan a actuar de manera legítima y conforme a la ley”.
— Clara Brugada
Reiteró que la prioridad del gobierno es asegurar que la marcha sea segura y respetuosa, sin impedir el derecho de las mujeres y colectivos a exigir justicia por la violencia de género.