La economía mexicana enfrenta una duran realidad: la extorsión ya desató una especie de terrorismo financiero y tiene un costo fijo para miles de empresas que afecta la inversión, desplaza negocios completos y paraliza comunidades enteras.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confirmó dicho diagnóstico y aseveró que “la extorsión ya condiciona el futuro económico del país”, frena desarrollo y afecta crecimiento de la economía en general.
Refirió tal delito arrastra una cifra negra de 97%, que implica que apenas tres de cada 100 casos llegan ante el Ministerio Publico, mientras que 97 ataques quedan en la impunidad, sin denuncia, por miedo o desconfianza en las autoridades.
Precisó que los datos oficiales arrojan que a diario 31.3 personas aseguran que fueron víctimas de extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas por más de 21 mil millones de pesos.
“Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general, no se especifican los daños que enfrentan las empresas o comercios, e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito”, apuntó la Coparmex.
“El 12.8% de nuestras empresas socias han sido víctimas de extorsión, principalmente mediante llamadas telefónicas, que representan 70.5% de los casos.
“Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse”.
— #DataCOPARMEX
Cómo lograr que la ley funcione
A través de un reporte especial, la Coparmex señaló que la reciente aprobación de la Ley General para prevenir, Investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social de México.
Sin embargo, apuntó que, para que la nueva legislación funcione de forma eficiente y dé resultados, son necesarias tres acciones:
- Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
- Capacitar a policías, fiscalías y jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
- Sensibilizar a gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.
Puntos para considerar
La confederación recordó que la nueva legislación contiene “progresos relevantes” como el incremento de las penalidades, con sanciones generales que oscilan entre 15 y 20 años de prisión, que pueden llegar hasta 30 años en casos agravados.
Además de las disposiciones que refuerzan la obligaciones de los servidores públicos encargados de seguridad, investigación y custodia, quienes enfrentarán penas hasta en un tercio mayores e inhabilitación cuando participen en la comisión del delito”, subrayó.