La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas y diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales el miércoles 3 de diciembre, con una votación de 28 legisladores a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, por lo que el proyecto pasa ahora al Pleno para su discusión y posible aprobación definitiva.
La iniciativa busca actualizar el marco jurídico que regula el uso y manejo del agua en México, en un contexto marcado por la escasez del recurso, la contaminación de cuerpos de agua y los impactos del cambio climático.
Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales entra a discusión final en el Congreso
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Ley de Aguas Nacionales tiene como objetivo regular la explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad, con el fin de impulsar un desarrollo integral y sustentable.
la Ley General de Aguas tiene como finalidad establecer las bases para la gestión integral del recurso hídrico en el país, definir las competencias entre los tres órdenes de gobierno y garantizar el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento.
Bajo este enfoque, el dictamen aprobado pretende fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico, priorizar el consumo humano, garantizar el acceso equitativo y promover una gestión más eficiente y transparente.
Próximos pasos en el Congreso
Entre los temas que han generado debate se encuentran el papel de los concesionarios privados, la participación de comunidades y pueblos indígenas en la toma de decisiones, y los mecanismos de vigilancia para evitar la sobreexplotación de acuíferos.
Legisladores que votaron en contra han señalado posibles riesgos de centralización excesiva, mientras que quienes respaldaron el proyecto sostienen que la reforma permitirá frenar abusos, ordenar el uso del agua y mejorar la supervisión ambiental.
En los próximos días, el Congreso definirá el rumbo de una reforma considerada estratégica para la seguridad hídrica del país y el bienestar de millones de personas que dependen de este recurso vital.