Durante su gestión como Secretario del Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe realizó un trato millonario que ocultó en sus declaraciones patrimoniales, lo cual es considerado por la Ley como “enriquecimiento oculto”.
El delegado del gobierno de Jaime Bonilla, concretó la compraventa de un predio y fue incluido en un padrón oficial de la Secretaría de Bienestar como una de las personas que “recibieron y ejercieron recursos públicos” de dicha dependencia.
El pago se realizó a través de transferencias a una cuenta de Banorte a nombre del ex rector de Universidad de Tijuana (CUT), Jesús Ruiz Barraza, padre de Ruiz Uribe y quien falleció unas semanas después de la firma del contrato.
El predio se encuentra ubicado en Mexicali, consta de 3 mil 682 metros cuadrados y ya se están construyendo 46 departamentos, con precios a la venta que oscilan entre los 2 millones 700 mil y los 5 millones de pesos.
La compraventa millonaria no fue reportada por Ruiz Uribe en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a pesar de que la Ley de Responsabilidades Administrativas obliga a los funcionarios públicos a presentar esta información bajo protesta de decir verdad.
En su paso por la Secretaría de Bienestar, cargo para el que fue propuesto por el entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla en el 2018, y hasta el 2025, cuando fue destituido, Ruiz Uribe tuvo un sueldo bruto de 152 mil 337 pesos al mes.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la compraventa del predio se dio en junio de 2023 entre Jesús Ruiz Uribe y la empresa del priista, Milton Adán Rubio Díaz.
El inmueble cuenta con 3 mil 682 metros cuadrados, está ubicado en la avenida Hamburgo del fraccionamiento Villafontana, a un lado de las instalaciones de la II Región Militar y se estableció que el monto a pagar fue de 11 millones 172 mil 840 pesos, ante el notario adscrito Adolfo Ulises Silva Gutiérrez, de la Notaría 9, que titula el notario Carlos Enrique de Rivera Castellanos, en Mexicali.
Tres meses después, en septiembre de 2023, el Gobierno del Estado revocó la patente a Silva Gutiérrez por petición del notario titular.
Asimismo, en el contrato de compraventa se acordó que Ruiz Uribe recibiría los más de 11 millones de pesos en diferentes formas: 100 mil pesos como anticipo un mes antes, el 21 de abril y 2 millones 134 mil 568 pesos el día de la firma del contrato, el 16 de junio de 2023.
El resto, es decir, 8 millones 938 mil 272 pesos, se distribuiría mediante siete transferencias mensuales de un millón 276 mil 896 pesos, cada una.
Según los documentos consultados, el contrato de compraventa fue inscrito en el Registro Público con fecha 31 de julio de 2023, es decir, dos días después del fallecimiento de Ruiz Barraza, titular de la cuenta bancaria. El último pago establecido se fijó para enero de 2024, a la misma del profesor, seis meses después de su muerte.
En 2024, Ruiz Uribe estaba obligado a reportar no sólo los ingresos derivados de su sueldo como servidor público, sino también cualquier percepción obtenida por actividades profesionales o empresariales, así como ganancias provenientes de inversiones o compra de bienes inmuebles y cualquier ingreso generado por la venta de terrenos o viviendas, ya que la ley exige que todas las variaciones en su patrimonio queden asentadas con precisión en su declaración anual.
De acuerdo al Sistema Nacional de Transparencia, las declaraciones patrimoniales de Ruiz Uribe no aparece la venta millonaria del terreno en 2024 ni en 2025, antes de su destitución de la Secretaría del Bienestar.
Declaraciones patrimoniales
En sus declaraciones patrimoniales solo aparecen por su cargo como delegado de la Secretaría de Bienestar un millón 504 mil 38 pesos de remuneración anual y más de 2 millones por sus actividades privadas, atribuidas a tres escuelas (Centro Bajacaliforniano de Educación Superior, S.C., institución que opera bajo el nombre de Universidad de Tijuana en Los Cabos, Baja California Sur; Centro Escolar del Mar de Cortés, S.C., ubicada en Culiacán, Sinaloa y el Centro de Estudios Superiores de Baja California, S.C., la Universidad CUT con sede en Tijuana), pero en sus declaraciones de 2023, 2024 ni 2025 aparece dicha compraventa por más de 11 millones de pesos.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 60 establece que cuando un servidor público “falta a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses”, incurre en “enriquecimiento oculto”, lo que clasifica la conducta como una falta administrativa grave que puede ser castigada con “destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal”.