Una investigación periodística realizada por la periodista Alelhí Salgado, de El Universal, reveló que durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se contrató un esquema de seguros médicos privados de alto nivel que absorbió más de mil millones de pesos del erario.
La cifra exacta asciende a mil 57 millones de pesos, monto que contrasta abiertamente con la Ley de Austeridad Republicana, la cual eliminó desde 2019 los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios públicos.
Detallan esquema de seguros médicos privados para funcionarios de la FGR con Gertz Manero
De acuerdo con los datos publicados, estos seguros “VIP” incluían coberturas potenciadas que alcanzaban hasta 20 millones de pesos para el fiscal general y montos de entre 3 y 7 millones para mandos medios y superiores, además de beneficios extensivos a familiares.
Según la periodista, los contratos, registrados en la plataforma Compras MX, también parecen ir a contracorriente de los lineamientos internos de austeridad que la propia FGR difundió en 2023.
La distribución del gasto se realizó en tres años: en 2023 se destinaron 350 millones de pesos a MetLife; en 2024, 328 millones a Seguros Atlas y Seguros Argos; mientras que en 2025 el desembolso fue de 378 millones a esas mismas empresas y a Agroasemex. Incluso tras su reciente salida, Gertz Manero mantiene una cobertura vigente durante todo 2025.
FGR registró contratos de seguros médicos por más de mil millones de pesos entre 2023 y 2025
La póliza contratada cubre hospitalización en cuartos privados, honorarios médicos, traslados en ambulancias aéreas o terrestres, tratamientos especializados y hasta padecimientos preexistentes.
Además, incluye atención por lesiones derivadas de deportes de alto riesgo, desde automovilismo hasta artes marciales, según El Universal.
Para muchos, estos beneficios representan un lujo injustificable frente a la precariedad del sistema público de salud. El caso reaviva el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y la realidad en el ejercicio del poder.
En el contexto de la administración pública federal, la asignación de recursos y la contratación de servicios externos forman parte de los procesos habituales de operación institucional, los cuales suelen estar sujetos a normativas de control, lineamientos internos y disposiciones legales que buscan regular el ejercicio del gasto.