El diputado de MC, Royfid Torres, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca reconocer y reparar el daño causado a familiares de personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron enviados a la fosa común sin haber sido previamente identificados.
La propuesta plantea modificaciones a la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para garantizar que, cuando un cadáver sea posteriormente identificado mediante exhumación, las familias puedan solicitar reparación del daño por omisiones institucionales.
La iniciativa surge en medio de la grave crisis de desapariciones y del deterioro de los servicios forenses en la capital. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 2,100 personas desaparecieron durante el primer año de la actual administración, y solo en 2025 se acumularon 1,781 casos, cifra que coloca a la Ciudad de México en el primer lugar nacional.
A ello se suma el creciente número de cuerpos no identificados, muchos de los cuales son enviados a fosas comunes, lo que provoca lo que especialistas denominan “doble desaparición”: la pérdida del rastro de la persona aún después de haber sido localizada sin vida.
Reparación del daño tras exhumación e identificación
La propuesta establece que, si después de una exhumación se logra identificar un cuerpo previamente enviado a fosa común, los familiares —incluyendo a quienes formen parte de la figura de familia social— puedan exigir reparación del daño conforme a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.
Torres explicó que el envío de cuerpos no identificados a la fosa común genera afectaciones emocionales, económicas y jurídicas para las familias, que deben enfrentar duelos prolongados, incertidumbre y obstáculos legales, además de la violación de su derecho a la verdad y a un trato digno hacia los restos de sus seres queridos.
Crisis forense y falta de personal especializado
De acuerdo con la iniciativa, la Ciudad de México enfrenta una crisis forense evidenciada por la falta de personal capacitado. Cada perito genetista debe atender hasta 125 casos, y cada arqueólogo forense más de 900, lo que ha provocado rezagos en identificación y ha forzado a la autoridad a recurrir diariamente a la fosa común.
Aunque recientemente comenzó el Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores —que prevé la apertura de 75 fosas—, el propio titular de la Comisión de Búsqueda local reconoce que solo existen tres arqueólogos forenses en la capital, lo que limita el avance.
Impacto diferenciado en mujeres buscadoras
La iniciativa destaca el rol fundamental de las mujeres, quienes encabezan más del 90% de los colectivos de búsqueda y enfrentan una “triple jornada”: búsqueda, trabajo remunerado y cuidados. Torres subraya que la reparación del daño también debe reconocer la carga emocional, física y económica que ellas asumen, muchas veces sin apoyo gubernamental.
¿Qué cambia la ley?
La iniciativa propone:
- Incluir a la familia social dentro de la definición de familiares.
- Permitir que, si un cuerpo es identificado tras una exhumación, se pueda solicitar reparación del daño.
- Reconocer formalmente las afectaciones causadas por la negligencia institucional en identificación y manejo de restos.
Un paso hacia la verdad y la dignidad
Torres afirmó que esta reforma reconoce “una deuda histórica” con las víctimas indirectas de desaparición. “No se puede permitir que, por falta de protocolos o negligencia, las familias enfrenten un segundo duelo al saber que sus seres queridos fueron enviados a una fosa común sin procesos adecuados”, señaló.
La iniciativa fue turnada para análisis y dictaminación en el Congreso capitalino.