La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado del proyecto de reforma que busca implementar, de manera gradual, una jornada laboral de 40 horas semanales. Según su planteamiento, 2026 será un año de transición y, a partir de 2027, la jornada comenzará a reducirse dos horas por año hasta alcanzar, en 2030, el límite constitucional propuesto.
La iniciativa surge tras un proceso de diálogo amplio, con más de cuarenta mesas de trabajo en las que participaron representantes del sector empresarial, sindicatos, academia, sociedad civil y gobierno. Para la administración federal, este consenso refuerza la viabilidad de una transición ordenada que evite impactos operativos bruscos y que brinde certidumbre tanto a trabajadores como a empleadores.
En ese marco, el abogado laboralista Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas, analiza el proyecto y lo define como una transformación de gran calado que modificará la forma en que se organiza el trabajo en México.
A su juicio, la reducción de la jornada ordinaria es importante, pero el eje más determinante será la nueva regulación de las horas extraordinarias. Explica que, aunque el país ha discutido durante años la conveniencia de acortar el tiempo de trabajo, ninguna reforma había aterrizado con tanta claridad los límites sobre el uso de horas extra, que en muchos centros laborales acaban compensando la falta de personal o el rezago operativo.
Por eso, sostiene que el verdadero punto fino estará en garantizar que las empresas no sustituyan las horas eliminadas con una carga extraordinaria excesiva, lo que vaciaría de sentido la reforma.
El proyecto establece que, durante la jornada ordinaria, las personas trabajadoras tendrán más tiempo de descanso y un reparto más equilibrado entre vida personal y laboral. Pero también define un esquema rígido para la jornada extraordinaria: solo podrá utilizarse de forma voluntaria y tendrá límites semanales y diarios que impedirán que un trabajador acumule, en un solo día, una carga superior a doce horas.
Además, introduce una prohibición absoluta para que menores de edad laboren tiempo adicional y establece un tope a las horas triples, lo que —según Martínez Rojas— cerrará varias de las lagunas que históricamente han permitido abusos. El especialista insiste en que estas reglas son cruciales, pues obligarán a las empresas a planear turnos con mayor precisión, a reforzar la contratación en áreas con alta demanda y a evitar que las horas extra se conviertan en la solución automática ante cualquier saturación.
Otro elemento que, en opinión del abogado, marcará un antes y un después es el registro electrónico de la jornada, que la Secretaría del Trabajo deberá emitir y que será obligatorio para todos los centros laborales.
La finalidad es documentar con exactitud la entrada, salida y tiempos de trabajo ordinarios y extraordinarios, lo que permitirá a la autoridad fiscalizar de manera más directa el cumplimiento de la ley. Martínez Rojas señala que este sistema abrirá una etapa inédita de vigilancia laboral, pues obligará a miles de empresas a modernizar su infraestructura interna. También anticipa que, en sectores donde aún se registran horarios de forma manual o con controles informales, el cambio será particularmente desafiante.
La reforma se apoya en estándares internacionales, incluyendo estudios de la Organización Internacional del Trabajo, que vinculan la reducción de jornadas con una menor fatiga, menos accidentes, mejor salud general y mayor equilibrio entre vida personal y laboral.
La presidenta Sheinbaum citó incluso a países nórdicos que han experimentado jornadas de 36 horas con aumentos significativos en productividad. Sin embargo, Martínez Rojas subraya que el éxito no dependerá únicamente de la teoría ni de comparaciones internacionales, sino de la capacidad de México para implementar gradualmente un nuevo modelo laboral mientras enfrenta realidades operativas diversas entre sectores, regiones y tamaños de empresa.
El especialista considera que la ruta escalonada —46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 en 2030— es razonable y evitará rupturas abruptas.
Aun así, insiste en que las empresas deberán anticiparse desde 2026, reorganizando personal, revisando contratos, ajustando calendarios de turnos y preparando a sus áreas de recursos humanos para cumplir con la nueva estructura. También destaca que el registro electrónico será una herramienta valiosa, pero advierte que, sin capacitación adecuada y una supervisión efectiva, puede convertirse en una carga administrativa más que en un instrumento de control real.
De fondo, Martínez Rojas ve una oportunidad: México podría alinearse con estándares laborales contemporáneos y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, observa que la verdadera prueba vendrá en el terreno práctico.
La reforma, dice, “no solo implica recortar horas; implica repensar por completo cómo se organiza el trabajo”. Y recalca que, si las empresas terminan dependiendo de las horas extra para suplir el tiempo recortado, la promesa de bienestar y productividad no se materializará.
Por eso insiste en que la vigilancia del tiempo extraordinario, más que la jornada ordinaria, será el eje que definirá si esta reforma transforma de verdad el mundo laboral o si se queda en un cambio normativo sin efectos profundos.