La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó una apelación formal contra la sentencia dictada en su contra en una corte federal de Nueva York, en la que solicita que el juicio sea desechado o, en su defecto, reabierto, al considerar que se violó el debido proceso.
El recurso fue entregado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, y consiste en un documento principal de 78 páginas, acompañado de anexos que suman cerca de 600 mil hojas, en los que los abogados del exfuncionario exponen presuntas irregularidades cometidas durante el proceso judicial que culminó con una condena de más de 38 años de prisión, tras ser declarado culpable por un jurado.
Acusan uso de testigos falsos y pruebas ocultas
Entre los argumentos centrales, la defensa sostiene que la fiscalía permitió y promovió declaraciones falsas de testigos cooperantes, cuyas versiones —afirman— no fueron debidamente verificadas ni confrontadas durante el juicio.
Asimismo, señalan un presunto ocultamiento de pruebas exculpatorias, es decir, documentos y elementos que podrían haber beneficiado a García Luna y que, según la apelación, no fueron entregados oportunamente a la defensa, lo que habría afectado de manera directa el derecho a un juicio justo.
Los abogados también cuestionan las limitaciones impuestas al contrainterrogatorio de testigos clave, lo que, de acuerdo con el escrito, impidió exhibir inconsistencias, motivaciones personales o posibles beneficios obtenidos por quienes declararon en su contra.
Buscan anular o reabrir el juicio en Nueva York
Con base en estos señalamientos, la defensa solicita a la Corte de Apelaciones que anule la condena, o bien que ordene la reposición del procedimiento, al considerar que el juicio estuvo viciado desde su desarrollo.
García Luna fue declarado culpable de cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, al determinarse que colaboró con el Cártel de Sinaloa durante su gestión como responsable de la seguridad pública en México. En octubre de 2024, fue sentenciado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos.
Ahora, el futuro legal del exfuncionario dependerá de la respuesta de la fiscalía y del análisis que realice la Corte de Apelaciones, la cual podrá confirmar la sentencia, modificarla o conceder un nuevo juicio.