El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para reformar las leyes de Educación y Educación Superior, a fin de prohibir y sancionar la entrega de doctorados honoris causa a cambio de dinero, favores o cualquier tipo de intercambio, y limitar su otorgamiento a universidades con reconocimiento oficial y criterios estrictos de mérito.
De acuerdo con la propuesta, coordinada por el senador Manuel Añorve Baños, en diversos casos el doctorado honoris causa ha perdido su carácter excepcional y se ha otorgado sin procesos rigurosos de evaluación de méritos, lo que desvirtúa el sentido académico y social de esta distinción, que debería reservarse a trayectorias destacadas en beneficio de la sociedad.
¿Qué propone la iniciativa del PRI en el Senado?
El proyecto plantea reformas a la Ley General de Educación para establecer de manera expresa que está prohibido otorgar grados honoríficos mediante pagos, favores o cualquier forma de intercambio. Esta conducta sería tipificada como una infracción sancionable para quienes comercialicen con títulos que deben responder al mérito académico y al servicio público.
La iniciativa busca cerrar un vacío legal que ha permitido que asociaciones, centros educativos sin reconocimiento oficial o supuestas “universidades” ofrezcan doctorados honoris causa a figuras públicas, empresarios o artistas, sin que exista una evaluación real de sus trayectorias profesionales o aportaciones a la comunidad.
Sólo instituciones reconocidas podrán otorgar doctorados honoris causa
De manera complementaria, se proponen modificaciones a la Ley General de Educación Superior para precisar que únicamente las instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial podrán conceder doctorados honoris causa.
Además, se establece que estos reconocimientos deberán otorgarse bajo criterios normativos claros, con procesos internos de nominación y evaluación, y sin generar beneficios económicos para ninguna de las partes. Es decir, ni las instituciones educativas ni las personas que reciben la distinción podrán obtener ganancias monetarias vinculadas con la entrega del grado honorífico.
Universidades con procesos estrictos como referencia
El grupo parlamentario del PRI citó como ejemplo a universidades que aplican mecanismos estrictos para definir a quién otorgan un doctorado honoris causa, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad La Salle.
En estos casos, la distinción pasa por comités académicos, nominaciones formales, revisión exhaustiva de trayectorias, emisión de dictámenes y ceremonias oficiales, lo que permite garantizar que el reconocimiento se entrega a personas con méritos comprobables en la ciencia, la cultura, las artes, los derechos humanos u otros campos de impacto social.
Proteger el valor educativo
Para la bancada priista, el objetivo central de la reforma es proteger la integridad del sistema educativo y del posgrado, de modo que los doctorados honoris causa conserven su valor simbólico y académico.
La iniciativa del PRI fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, donde se prevé que especialistas, autoridades educativas y representantes de instituciones de educación superior puedan opinar sobre el diseño de las sanciones y los criterios mínimos para el otorgamiento de grados honoríficos.