La gentrificación se ha consolidado como uno de los procesos urbanos más polémicos en la Ciudad de México, debido a sus efectos en el desplazamiento de habitantes, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de identidad comunitaria en barrios tradicionales.
Durante la Semana de Sociología Urbana, realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, especialistas, académicos, colectivos vecinales y autoridades capitalinas coincidieron en que la gentrificación no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de decisiones económicas y políticas que determinan quién puede habitar la ciudad y en qué condiciones.
Aumento de rentas y expulsión silenciosa
El análisis presentado señaló que el incremento del valor del suelo, el alza en las rentas y la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo transforman de forma profunda la vida cotidiana en colonias históricas. Estas dinámicas elevan los costos de servicios, alteran las redes comunitarias y obligan a residentes de larga data a abandonar sus barrios.
El doctor Inti Muñoz Santini, director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), explicó que la transformación del espacio social actúa como una fuerza de expulsión. A medida que se encarecen los alquileres, los habitantes originales pierden la capacidad de permanecer, lo que erosiona el tejido social. Subrayó que la vivienda debe entenderse como un derecho humano y no únicamente como una mercancía sujeta a la lógica del mercado.
Medidas para contener la gentrificación
En este contexto, Muñoz Santini destacó la estrategia “Bando 1”, integrada por 14 medidas orientadas a contener los efectos más severos de la revitalización urbana. El plan busca frenar el aumento descontrolado de rentas, evitar el desplazamiento forzado y proteger a las poblaciones con arraigo histórico, además de limitar prácticas especulativas en el mercado inmobiliario.
El debate académico retomó el concepto de “La ciudad en disputa”, que alude a la lucha social y legislativa por el derecho a habitarla frente a dinámicas de exclusión, turistificación y homogenización de la vida urbana.
Colonias afectadas y protestas vecinales
Por su parte, Fernando Rosique Briseño, integrante del colectivo Titlani, afirmó que la reurbanización no implica una mejora urbana, sino una disputa territorial donde el capital inmobiliario y turístico desplaza a sectores vulnerables. Señaló que este proceso responde a un modelo que prioriza la propiedad privada y la acumulación de capital.
Explicó que el alza de rentas ha provocado el cierre de comercios tradicionales en colonias como Roma y Juárez, reemplazados por negocios dirigidos a otros perfiles de consumo. Además, muchas familias se han visto obligadas a mudarse a zonas periféricas como Iztapalapa y Tláhuac, o incluso a municipios conurbados, lo que genera nuevos retos en movilidad y acceso a servicios.
Rosique Briseño destacó que la inconformidad social se ha expresado en foros, movilizaciones vecinales y demandas de una ley de rentas justas, particularmente en colonias como San Pedro de los Pinos, Doctores y Juárez, donde los habitantes exigen mayor regulación pública y el reconocimiento de la función social de la vivienda.
Un fenómeno estructural
Las conclusiones del encuentro coincidieron en que la gentrificación surge de incentivos al mercado inmobiliario y de la falta de regulación, por lo que atenderla requiere una acción coordinada entre autoridades, especialistas y ciudadanía, así como instrumentos legales que garanticen un modelo urbano incluyente.
Sin medidas que aseguren acceso, precios asequibles y permanencia comunitaria, advirtieron los participantes, la llamada “expulsión silenciosa” continuará ampliando las desigualdades y redefiniendo quién puede habitar la Ciudad de México y bajo qué condiciones.