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Fiscalía de Sonora va por 25 funcionarios tras incendio que dejó 25 muertos

Las órdenes de captura alcanzan a servidores públicos ligados a Protección Civil; ya se reportan detenciones y una audiencia clave este día

Incendio en Sonora
Incendio en Sonora (@CPJannyBarrera)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) giró 25 órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales y municipales presuntamente relacionados con el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s en Hermosillo, tragedia que dejó 25 personas fallecidas y decenas de lesionados.

De acuerdo con información difundida por la periodista Azucena Uresti y fuentes judiciales, las órdenes están dirigidas principalmente a servidores públicos vinculados a áreas de Protección Civil, así como a dependencias responsables de la supervisión, verificación y autorización de medidas de seguridad en el establecimiento.

Delitos y responsabilidades en la investigación

Entre los delitos que investiga la Fiscalía se encuentran homicidio culposo, lesiones, aborto e incumplimiento del deber legal, relacionados con posibles omisiones en inspecciones, permisos y protocolos de seguridad previos al siniestro.

Las indagatorias apuntan a que el inmueble no habría cumplido con todas las disposiciones de protección civil vigentes, situación que, de confirmarse, habría contribuido a la magnitud de la tragedia. Hasta el momento, la autoridad no ha hecho pública la lista completa de los funcionarios imputados, aunque ya se reportan detenciones derivadas de las órdenes judiciales.


Audiencia clave y exigencia de justicia

La primera audiencia del caso fue programada para este día a las 17:00 horas, donde un juez de control determinará la legalidad de las detenciones, la formulación de imputaciones y las medidas cautelares correspondientes.

En paralelo, familiares de las víctimas han reiterado su exigencia de justicia y transparencia, así como acceso pleno a la carpeta de investigación, al tratarse de uno de los hechos más graves registrados en Sonora en los últimos años por la presunta negligencia de autoridades responsables de la seguridad pública y civil.

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