A partir del 1 de enero de 2026, Bulgaria se convertirá oficialmente en miembro de la zona euro, lo que permitirá que cualquier persona pueda pagar en euros en todo el país, marcando uno de los cambios económicos más importantes en su historia reciente.
La entrada a la moneda única llega en un contexto político delicado. Hace apenas unas semanas, el Gobierno búlgaro dimitió en bloque tras protestas masivas de la ciudadanía contra la corrupción, un golpe que sacudió al país justo cuando se encontraba en la recta final para cumplir los requisitos de adhesión al euro.
Aunque la adopción del euro es vista por Bruselas como un paso clave para profundizar la integración europea, el proceso genera inquietud entre amplios sectores de la población búlgara. Incluso entre quienes apoyan una mayor presencia de la Unión Europea en su vida cotidiana, existe el temor de que la desaparición del lev —la moneda nacional— derive en un aumento de precios y una pérdida de poder adquisitivo.
Estas preocupaciones no son nuevas en Europa. Los temores actuales recuerdan a los que se vivieron en países como Francia, Alemania, Italia o España hace 24 años, cuando el euro sustituyó a la peseta y una parte de la población percibió que el cambio de moneda encareció el costo de vida, aunque el contexto económico y las condiciones actuales son distintas.
El Gobierno y las autoridades europeas han insistido en que el cambio al euro será gradual, vigilado y acompañado de mecanismos de control de precios, para evitar abusos durante la transición. Aun así, la entrada de Bulgaria a la zona euro se produce en un momento en el que la Unión Europea enfrenta retos de credibilidad, tanto por la situación económica como por el clima político en varios de sus Estados miembros.
Con el euro a la vuelta de la esquina, Bulgaria entra en una nueva etapa que promete mayor integración financiera, pero también plantea un desafío clave: convencer a sus ciudadanos de que el cambio no se traducirá en un golpe directo a su bolsillo.