La denuncia sobre presunto trabajo infantil ligada al entorno de Ana Katiria Suárez es reiterativa y no sorprende a esposos que fueron víctimas de demandas para pensión conyugal con cifras de millones de pesos mensuales, siendo estas querellas por acoso no comprobado de padres contra sus propios hijos.
Múltiples demandas de padres denunciados y testimonios en prensa y redes sociales establecen los antecedentes de una narrativa recurrente en la cual los niños son rehenes de intereses “judiciales” ajenos al cuidado de los infantes.
Todo encaja en un modus operandi que se repite una y otra vez en México: infantes vulnerados al centro, maquinaria leguleya en el entorno.
Nuevas evidencias señalan que en Veracruz operaba una red de trabajo infantil donde jóvenes de entre 11 y 15 años habrían sido presuntamente empleados en la tabacalera Casa Turrent, de la familia de María Fernanda Turrent, conocida públicamente por sus lazos con Ana Katiria.
De acuerdo con el testimonio publicado, los menores eran reclutados para trabajar en labores agrícolas y estarían expuestos a sustancias tóxicas. La publicación sostiene que ese esquema convivía con una red de manipulación legal y presiones extrajudiciales.
Se activa así una red que presiona, moldea narrativas y opera en silencio mientras la imagen pública se venden como despachos progresistas.
Las presuntas ex esposas defendidas por la abogada hace apenas un par de años también han denunciado abandono de sus casos e incluso que ahora son víctimas de contra demandas sin nadie que las ampare, mientras la abogada mencionada radica en el extranjero.
No se afirman ni se comprueban culpabilidades dicen las víctimas y victimados. “Aflora algo más evidente, cuando todas las historias apuntan a la misma dirección, ya no son historias aisladas. Son el reflejo de un mecanismo que, en manos expertas, convierte la ley en herramienta de control.