La publicación tardía de un decreto presidencial fechado el sábado 3 de enero de 2026, el mismo día en que Nicolás Maduro fue detenido, ha abierto interrogantes sobre si el gobierno venezolano ya anticipaba un escenario de confrontación militar directa con Estados Unidos.
El documento, divulgado oficialmente hasta este lunes 5 de enero en una Gaceta Oficial Extraordinaria, declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional y contiene un andamiaje jurídico de amplio alcance para responder a una supuesta agresión extranjera.
El decreto de Estado de Conmoción Exterior
El Decreto N.º 5.200, firmado por Maduro en su carácter de presidente, sostiene que “se ha confirmado un ataque armado por parte de efectivos militares de los Estados Unidos de América contra el territorio y población de la República Bolivariana de Venezuela”, calificándolo como una “grosera violación del Derecho Internacional Humanitario”.
Desde sus considerandos, el texto da por consumada la agresión y apela al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la legítima defensa.
El alcance del decreto es excepcional. Ordena la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la militarización de servicios públicos e industrias estratégicas, incluida la petrolera, y autoriza la restricción del tránsito, la suspensión de manifestaciones públicas, el cierre de fronteras y la requisición de bienes.
Para analistas, el hecho de que este decreto esté firmado el mismo día de la detención de Maduro, pero se haya conocido públicamente después, refuerza la teoría de que el Ejecutivo ya se estaba preparando jurídicamente para un escenario de ataque o intervención.
Sin probar por sí mismo que el mandatario conociera con exactitud los hechos que ocurrirían ese día, el documento sí muestra que el marco legal de excepción estaba listo para ser activado y con efectos inmediatos tanto en el plano militar como en el control interno.