Empresarios del sector energético denunciaron una presunta red de extorsión operada por elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía, en contra de gasolineras y puntos de venta de Gas Licuado de Petróleo (LP) legalmente establecidos en el Valle de México.
De acuerdo con los testimonios, desde diciembre pasado agentes federales realizan supuestos “operativos ordenados”, con los que visitan establecimientos ubicados en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, donde bajo el argumento de “falta de documentación”, exigen cuotas que van de los 100 a los 200 mil pesos mensuales.
Empresarios acusan modus operandi sistematizado
Las víctimas aseguran que los hechos están plenamente documentados y que se trata de un patrón de extorsión repetido en todas las gasolineras y gaseras de la zona.
“Lo que hemos documentado es un modus operandi sistematizado que están aplicando en todas las gasolineras y gaseras”, denunciaron los afectados.
Por ello, exigieron la intervención inmediata de la fiscal Ernestina Godoy y de la gobernadora, Delfina Gómez, ya que el acoso por parte de los agentes se ha intensificado en los primeros días de 2026.
“Tenemos todo en regla y aun así nos amenazan”
Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en Atizapán de Zaragoza, afirmó que los establecimientos cuentan con todos los permisos exigidos por la ley, incluyendo autorizaciones de la Secretaría de Energía, Protección Civil estatal y licencias municipales.
“Nosotros tenemos todo en regla, renovamos permisos cada que lo piden, generamos empleos, enfrentamos a la delincuencia organizada, y aun así ahora los mismos policías son los que nos quieren joder”.
— Raúl Garza
Revisiones sin órdenes y amenazas de clausura
Según los testimonios, los supuestos operativos se realizan principalmente los fines de semana. Los agentes argumentan que buscan detectar la venta de combustible robado, conocido como huachicol, pero no presentan órdenes oficiales ni documentación válida.
Posteriormente, con cualquier irregularidad mínima, amenazan con clausurar los negocios, advirtiendo la apertura de una carpeta de investigación.
“Sabemos cuáles son los operativos reales y cuáles no. Estos agentes sí son de la corporación, pero no están destinados para esto”, explicó uno de los empresarios.
Así inicia la extorsión, acusan afectados
Arturo Martínez, encargado de otra gasolinera visitada por los agentes, relató que tras colocar sellos de clausura, los presuntos extorsionadores dejan un número telefónico para “arreglar la situación”.
“Ahí nos dicen que para agilizar el levantamiento de sellos y que no molesten más, hay que pagar. Queremos que esto pare de una vez, porque si no, nos van a tener extorsionados todo el año”.
— Arturo Martínez
Fiscalía ya investiga a sus propios agentes
Los empresarios confirmaron que la Fiscalía ya tiene conocimiento de las denuncias, por lo que se abrió un expediente en el área de Asuntos Internos.
En dicho expediente aparece señalado un policía ministerial identificado como José Eduardo Acosta, quien presuntamente afirma representar al comandante Fernando Pérez, de la Subdelegación de la FGR en Naucalpan.
Los denunciantes detallaron que en los operativos participan alrededor de 10 agentes armados, quienes se movilizan en camionetas pick up blancas con logotipos oficiales de la FGR.
Llamado urgente a autoridades estatales y federales
Los empresarios del ramo energético hicieron un llamado urgente para que se detenga la presunta red de extorsión, advirtiendo que estas prácticas ponen en riesgo la operación legal de negocios que generan empleos y pagan impuestos.
“No pedimos impunidad, pedimos que nos dejen trabajar conforme a la ley”, concluyeron.