Un caso legal sin precedentes generó una fuerte indignación en el estado de Durango tras revelarse la presunta estrategia de un hombre para evitar sus responsabilidades económicas.
Según reportes difundidos por medios nacionales como Milenio y La Jornada, un sujeto realizó el trámite administrativo para modificar su identidad de género de masculino a femenino ante el Registro Civil, con el objetivo supuesto de obstaculizar un juicio de pensión alimenticia en su contra.
La información, que también fue analizada en el espacio de Imagen Noticias con Crystal Mendivil, señaló que el individuo en cuestión es un abogado de profesión.
Esta circunstancia resultó clave en la polémica, ya que el litigante habría utilizado sus conocimientos en derecho para realizar el cambio en su acta de nacimiento y posteriormente exigir beneficios procesales que la ley otorga a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
La estrategia: perspectiva de género como escudo
De acuerdo con lo expuesto por el portal El Congresista, una vez que el hombre obtuvo sus documentos con la nueva identidad jurídica, se presentó ante el juzgado de lo familiar para solicitar que su proceso se rigiera bajo los protocolos de “perspectiva de género”.
Bajo esta presunción, el abogado buscó que la autoridad judicial lo tratara como mujer dentro del expediente, intentando con ello desestimar o reducir las obligaciones que tenía como padre hacia sus hijos.
El hecho desató un intenso debate sobre el posible “fraude a la ley”. Especialistas consultados por los medios citados refirieron que, si bien el cambio de identidad es un derecho garantizado por el libre desarrollo de la personalidad, este caso parece ser una táctica procesal desleal.
La presunción de que el cambio fue meramente instrumental para eludir el pago de manutención infantil puso en alerta a las autoridades locales, ya que vulnera directamente el interés superior de los menores afectados.
Hasta el momento, diversos colectivos y medios como La Jornada reportaron que el caso sigue bajo análisis judicial. Las autoridades en Durango enfrentan el reto de determinar la legitimidad del cambio de identidad frente a las evidencias que sugieren una maniobra para burlar el sistema de justicia familiar.
La opinión pública permanece atenta a la resolución, pues podría marcar un límite legal contra el uso indebido de los derechos de identidad de género en procesos de pensión alimenticia.