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Diputada de MC alista Ley de Bienestar Animal y amparo contra gobierno de la CDMX

Laura Ballesteros anunció que promoverá un amparo colectivo para proteger a casi mil perros y gatos bajo custodia del gobierno capitalino

Autoridades capitalinas y el Refugio Franciscano se acusan mutuamente: unos hablan de rescate por crueldad animal y otros de un despojo encubierto
Autoridades capitalinas y el Refugio Franciscano se acusan mutuamente: unos hablan de rescate por crueldad animal y otros de un despojo encubierto

La diputada federal Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), anunció que presentará en la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, con la que se busca cumplir el mandato constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes y obliga al Estado mexicano a garantizar su bienestar, seguridad y trato digno.

La legisladora recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el bienestar animal —tanto de ejemplares domésticos como silvestres y de granja— debe asumirse como una garantía constitucional prioritaria. Ese criterio derivó en la reforma al artículo 4° de la Constitución, aprobada por unanimidad en San Lázaro hace unos meses, donde se reconoce expresamente la protección a los animales.

Ballesteros subrayó que, pese a este avance, sigue pendiente expedir la legislación secundaria que permita aplicar de manera efectiva ese mandato en todo el país. Por ello, detalló, se trabaja en una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal construida en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

Esta es la segunda ocasión en el mes que el Refugio Franciscano denuncia la sustracción de sus animales
Esta es la segunda ocasión en el mes que el Refugio Franciscano denuncia la sustracción de sus animales

El Congreso federal tiene un gran pendiente. La reforma constitucional ya está aprobada, pero ahora debemos cumplir con ese mandato y garantizar que el bienestar animal sea una realidad y no solo un principio en el papel

—  Laura Ballesteros

Explicó que la futura ley permitirá fortalecer la actuación del Estado cuando las autoridades asuman la custodia de animales, de modo que lo hagan bajo criterios constitucionales que prioricen su bienestar real y efectivo, más allá del mero cumplimiento de trámites administrativos.


Laura Ballesteros Mancilla
Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal de Movimiento Ciudadano

Amparo colectivo por perros y gatos bajo custodia de la CDMX

En paralelo al trabajo legislativo, Ballesteros informó que se encuentra en preparación un amparo colectivo, también en conjunto con organizaciones civiles, para proteger a casi mil perros y gatos que se encontraban en el Refugio Franciscano y que actualmente están bajo custodia del Gobierno de la Ciudad de México.

El amparo colectivo —explicó— busca asegurar que las autoridades capitalinas cumplan plenamente con sus obligaciones constitucionales y evitar que se repitan casos en los que, pese a estar bajo tutela gubernamental, el bienestar de los animales no ha sido garantizado.

Señaló que, al asumir la custodia de estos animales, el gobierno capitalino adquiere una obligación reforzada de garantizar su bienestar, seguridad, vida y condiciones dignas, conforme a los criterios fijados por la SCJN en materia de bienestar animal.

Perros rescatados del Refugio Franciscano
Perros rescatados del Refugio Franciscano Clara Brugada traslada al Ajusco a 304 perritos rescatados del Refugio Franciscano.

Precedente de la SCJN: el caso de la elefanta Eli

Ballesteros recordó que uno de los precedentes más relevantes en la materia es el caso de la elefanta Eli, resuelto por la Suprema Corte. En esa sentencia, el máximo tribunal sostuvo que cuando el Estado tiene animales bajo su custodia —como ocurre en zoológicos u otros espacios— asume una posición de garante reforzada sobre su integridad.

Con este marco, la diputada de MC insistió en que la Ley General de Bienestar Animal y el amparo colectivo para los perros y gatos bajo custodia del gobierno capitalino buscan aterrizar en la práctica el estándar constitucional fijado por la SCJN y cerrar los vacíos legales que todavía permiten que muchos animales permanezcan en condiciones precarias bajo responsabilidad del propio Estado.

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