La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró este lunes el capítulo judicial sobre la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales al validar el decreto emitido en 2020 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por mayoría, el Pleno desechó las controversias promovidas por ocho gobiernos estatales y determinó que no se acreditó una invasión a sus competencias ni una violación al federalismo.
Por mayoría de votos, el máximo tribunal consideró infundadas las controversias promovidas por los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, que alegaban afectaciones al federalismo y a la división de poderes por la eliminación de esos instrumentos financieros.
El ministro Arístides Guerrero García, encargado de elaborar los proyectos de resolución, explicó en la sesión que los gobiernos estatales no lograron demostrar que el decreto que ordenó la extinción de los fideicomisos invadiera sus competencias constitucionales.
“Se sostiene que las demandas plantearon argumentos genéricos sobre la consideración de las bondades que pudieran tener los fondos y fideicomisos; pero, en ningún momento, pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, expuso desde el pleno.
Guerrero García también lanzó una crítica directa a la anterior integración de la Corte, al señalar que el asunto estuvo cuatro años sin proyecto de resolución, a pesar de que el cierre de instrucción de las controversias se dio en 2021.
“Yo no caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara: fue muy irresponsable porque fueron cuatro años en donde se cerró la instrucción en estas controversias constitucionales y no se presentó la propuesta”, dijo.
La decisión de la SCJN implica que se mantiene firme el decreto de 2020 por el cual se extinguieron 109 fondos y fideicomisos federales, entre ellos los vinculados con ciencia, cultura, atención a desastres naturales y apoyo a deportistas de alto rendimiento, entre otros.
Fideicomisos, opacidad y transparencia: Lenia Batres
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama respaldó la constitucionalidad del decreto y sostuvo que los fideicomisos públicos fueron utilizados durante años para eludir controles y obligaciones de transparencia en el manejo de recursos públicos.
“Es irrefutable que los fideicomisos públicos fueron utilizados para evitar la transparencia del ejercicio de recursos de nuestra nación, de ahí que sea correcto reconocer la validez del decreto impugnado, mediante el cual se eliminó este tipo de fondos y fideicomisos públicos”, afirmó.
La ministra defendió que la eliminación de estos instrumentos financieros respondió a la necesidad de sujetar todos los recursos públicos a reglas claras de rendición de cuentas, y aseguró que la desaparición de los fideicomisos no implica, por sí misma, la supresión de las políticas o programas que financiaban.
Sin pronunciamiento de fondo sobre derechos humanos
Aunque la nueva integración de la Suprema Corte declaró válido el decreto en lo relativo a las competencias de la Federación y de los estados, hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre si la desaparición de los fideicomisos puede traducirse en una violación a derechos humanos de personas beneficiarias de los programas que antes se financiaban por esa vía.
El tribunal constitucional se concentró en analizar si el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal se excedieron en sus facultades al ordenar la extinción de los 109 fideicomisos, conclusión que la mayoría descartó.
Con la decisión tomada, se cierra el capítulo de las controversias constitucionales impulsadas por los ocho gobiernos estatales contra la política de desaparición de fideicomisos del sexenio de López Obrador, pero queda abierto el debate sobre el impacto que la medida tuvo y tiene en el acceso efectivo a derechos como la salud, la ciencia, la cultura y la protección frente a desastres naturales.