Las manifestaciones de los últimos días se intensificaron en diversas ciudades de Estados Unidos, principalmente tras el asesinato de Renee Good en un operativo realizado por agentes federales el pasado miércoles 7 de enero, pero lo que más llama la atención son los casos de detenciones en propiedades privadas sin una orden judicial, pero ¿qué tan legal es hacer esto?
Según videos que circulan en redes, en ciudades como Minneapolis, agentes de inmigración llegan a la puerta del lugar en el que desean efectuar arrestos con órdenes administrativas y entran a los inmuebles.
¿Qué son las órdenes administrativas?
Dichas órdenes administrativas son documentos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan el arresto de un individuo específico, pero no le permiten a los agentes entrar por la fuerza en hogares u otros espacios no públicos sin el consentimiento de las personas en el interior.
En ese caso, solo las órdenes judiciales firmadas por jueces tienen dicho alcance, pero los videos que se multiplican en redes sociales muestran acciones que aparentemente violan la ley.
Al respecto, un reporte de la agencia AP recuerda que todas las operaciones policiales —incluidas las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)— están regidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables.
Eso implica que las fuerzas migratorias deben tener una orden antes de registrar la propiedad privada de alguien o arrestarlo, independientemente de su estatus migratorio.
En contraste, los arrestos llevados a cabo por agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) son autorizados solo por órdenes administrativas —a veces conocidas como órdenes de inmigración—, pero que no son órdenes judiciales.
La diferencia es clara, las órdenes judiciales son emitidas por un tribunal y firmadas por un juez de primera instancia o un juez estatal o federal.
En ese caso el documento sí permite a una agencia policial relevante aprehender a un individuo específico en cualquier contexto, independientemente de si la persona está en propiedad pública o privada.
En otras palabras, en caso de tener una orden judicial, la ley sí permite que las fuerzas policiales entren y registren un hogar o negocio para realizar el arresto sin el consentimiento del dueño.
Por ello, los agentes que realizan detenciones de este tipo solo con órdenes administrativas como las utilizadas en la mayoría de las operaciones de inmigración, cometen una ilegalidad, porque estos documentos no facultan a las fuerzas policiales entrar por la fuerza en propiedad privada para detener a alguien.