El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra los migrantes, y sin dar mayores detalles, esta vez advirtió que a partir del 1 de febrero su gobierno negará fondos federales a cualquier estado que albergue ciudades o jurisdicciones santuario, es decir, gobiernos locales que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, según información difundida por la agencia AP.
La advertencia fue realizada al final de un discurso pronunciado en el Club Económico de Detroit, sin que el mandatario ofreciera detalles sobre qué programas o partidas presupuestarias serían afectados, las reglas para aplicar esta medida o si cuenta con autorización del Congreso para limitar los recursos de este modo.
“No haremos ningún pago a ciudades santuario o estados que tengan ciudades santuario”, afirmó Trump, al acusar a estos gobiernos de proteger a criminales “a expensas de los ciudadanos estadounidenses”.
De regreso en Washington, el presidente fue cuestionado por reporteros sobre el alcance del recorte de recursos. Su respuesta fue escueta: “Ya lo verán. Será significativo”, expresó sin dar más detalles.
¿Qué pasa con las ciudades santuario?
Cabe recordar que aunque no existe una definición legal única de “ciudad santuario”, el término se refiere a políticas locales que limitan la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente en detenciones y deportaciones.
La amenaza ha generado inquietud incluso en regiones que no se consideran tradicionalmente favorables a la inmigración, debido a que muchos programas federales —desde salud hasta asistencia social— dependen de recursos aprobados por el Congreso.
Esto ocurre luego de la detención de un ciudadano venezolano que trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, lo que desató protestas.
Se trata del inmigrante identificado como Rubio Bohorquez, originario de Venezuela, y quien fue detenido cuando se presentó a una cita de inmigración en Bethpage, Long Island, informaron las autoridades a AP.
Esta detención desató protestas en la ciudad, a pocos días de la muerte de Renee Good, de 37 años, quien fue asesinada a tiros por un agente de inmigración el miércoles pasado en Mineapolis.