Usuarios de redes sociales han reportado la aparición de publicaciones en Facebook donde se ofrecen a la venta chips SIM que presuntamente ya vienen registrados en el padrón nacional de telefonía móvil, un trámite que, desde el 9 de enero de 2026, es obligatorio para todas las líneas activas en México.
Las denuncias han comenzado a circular principalmente en grupos y páginas de compraventa, donde los vendedores aseguran que los chips están “listos para usarse”, evitando así el proceso de registro que deben realizar los usuarios de manera personal.
Esta situación ha generado preocupación entre internautas, quienes advierten sobre los posibles riesgos legales y de seguridad que implica adquirir una línea registrada a nombre de otra persona, en un contexto donde el registro busca tener mayor control sobre el uso de los números telefónicos en el país.
¿Qué están vendiendo y a qué precio?
Estas tarjetas SIM se anuncian con todos los trámites de registro realizados, incluyendo datos biométricos, verificación facial y vinculación con CURP y se estarían ofreciendo por alrededor de mil 500 pesos, según las publicaciones compartidas por internautas.
Sin embargo, no está claro si estos chips fueron registrados con datos proporcionados por el vendedor o si se utilizaron datos de otra persona sin su consentimiento.
Esto implica un posible riesgo de uso indebido de información personal y podría facilitar actividades ilegales con números ya registrados.
Contexto del registro obligatorio
La medida de registrar todas las líneas móviles en un padrón vigente en México busca combatir delitos como la extorsión y el fraude, pero también ha generado inquietudes sobre la seguridad de los datos y la aparición de un mercado informal de líneas activadas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha señalado que la información recabada en el proceso de registro no se convierte en un padrón gubernamental de líneas y que las bases de datos serán resguardadas por las compañías telefónicas, con acceso a autoridades únicamente en casos de investigación de delitos.
De esta manera, ha negado que exista un esquema de espionaje estatal detrás de la medida, subrayando que se trata de una herramienta de seguridad pública para proteger a la ciudadanía.