La transferencia de 37 mexicanos buscados por delitos graves a Estados Unidos marcó un hito en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, detrás del mayor traslado de este tipo registrado hasta ahora existe una condición clave.
Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los acusados, con el objetivo de asegurar que México continúe utilizando su Ley de Seguridad Nacional para futuras entregas. Estados Unidos informó que los 37 detenidos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y personas.
La renuncia a la pena capital contra capos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que no pedirá la pena de muerte contra los 37 fugitivos transferidos desde México, una decisión que busca mantener y fortalecer la cooperación con el gobierno mexicano.
La fiscal general Pam Bondi explicó que esta medida “era necesaria para asegurar que el Gobierno de México seguirá con la transferencia de acusados con base en su Ley de Seguridad Nacional y para maximizar su cooperación con el gobierno estadunidense”.
Bondi subrayó que esta determinación “no disminuye en ninguna forma la gravedad de los crímenes de los acusados o mitiga el dolor causado a sus víctimas”, y precisó que también se alinea con el tratado de extradición entre ambos países, el cual prohíbe la imposición de la pena capital a personas extraditadas desde México.
Entre ellos hay presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
La fiscal general destacó que “estos 37 miembros de los cárteles ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”. La operación representa apenas la tercera ocasión en que México recurre a su Ley de Seguridad Nacional para este tipo de traslados, pero la más numerosa hasta ahora.