Tras una ola de críticas por la compra reciente de camionetas de lujo, los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomaron la decisión de no utilizar los vehículos tipo Jeep Grand Cherokee que había autorizado el máximo tribunal.
Comunicado de la SCJN
Y es que, en un comunicado oficial difundido este domingo, la Corte informó que, ante la polémica pública generada por la adquisición de estas unidades, el Pleno acordó no hacer uso de ellas.
Además, anunció que se iniciará el proceso para devolver los automotores o, en caso de que no sea posible, ponerlos a disposición de otros juzgadores que enfrentan mayores riesgos en el desempeño de sus funciones, siempre con apego a la normatividad aplicable.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable. Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, señaló la Corte.
Las camionetas, adquiridas recientemente para cada uno de los ministros, generaron controversia debido a su alto costo y al contexto político y social en el que se realizaron.
Por ello, la decisión busca responder a las críticas y demostrar un compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, según señaló la SCJN.
La Corte también informó que el lunes 26 de enero se ofrecerá una conferencia de prensa desde sus instalaciones para ampliar detalles sobre esta decisión y explicar los próximos pasos en el procedimiento.
¿Cuál es el valor de las camionetas?
Aunque los detalles sobre el costo total de estas camionetas no fueron precisados en la comunicación oficial, diversos medios han reportado que la compra de las nueve unidades blindadas ascendió a decenas de millones de pesos, lo que alimentó el debate público sobre si era apropiado destinar recursos a vehículos de alto valor para funcionarios judiciales.