Diversas investigaciones y testimonios recientes han puesto en duda la versión oficial sobre el ataque con granadas ocurrido la noche del 15 de septiembre de 2008 en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, sugiriendo que las autoridades de entonces podrían haber fabricado culpables para cerrar el caso durante la presidencia de Felipe Calderón.
Ese día, en plena celebración patriótica tras el Grito de Independencia, dos granadas explotaron entre la multitud, dejando al menos ocho personas muertas y más de 100 heridas.
El hecho marcó uno de los episodios más trágicos de la violencia ligada al crimen organizado en México hasta ese momento.
Nueva investigación plantea irregularidades en la investigación
Una reciente indagación periodística de Milenio sostiene que, más que aclarar lo ocurrido, las autoridades habrían fabricado pruebas y presionaron a sospechosos para que se declararan culpables del ataque.
Según esto, el caso estuvo bajo la influencia del entonces asesor de inteligencia Mario Arturo Acosta Chaparro, un militar con antecedentes polémicos, y que se habría encargado de orientar la investigación hacia un resultado concreto en lugar de uno veraz.
La versión oficial de ese momento atribuyó el atentado al grupo criminal Los Zetas, argumentando que habían pagado a los responsables para detonar las granadas como parte de disputas entre cárteles rivales.
Tres hombres: Alfredo Rosas Elicea, Juan Carlos Castro Galena y Julio César Mondragón Mendoza, fueron detenidos y presentados como culpables.
Denuncias de tortura y fabricación de culpables
Con el paso de los años, los tres acusados relataron un panorama completamente distinto: afirmaron haber sido secuestrados, torturados y forzados a “confesar” su participación en el ataque, sin pruebas contundentes que los implicaran realmente.
Algunos de los señalamientos incluso apuntan que las autoridades utilizaron métodos coercitivos y sin la presencia de defensa legal adecuada para obtener declaraciones incriminatorias.
Absolución y liberación de los acusados
Tras años de procesos legales y revisiones, en 2015 un juez federal absolvió y liberó a los tres hombres, argumentando falta de pruebas y violaciones al debido proceso durante su detención y procesamiento.
Esto reabrió cuestionamientos sobre la investigación inicial y fortaleció las hipótesis de que pudo haberse tratado de una fabricación de culpables para cerrar rápidamente un caso de alto impacto político y social.