El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas sin precedentes para regular el funcionamiento de las plataformas digitales, entre ellas la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, así como un endurecimiento de sanciones contra las propias empresas tecnológicas y sus directivos.
El anuncio fue realizado durante una intervención internacional y forma parte de un paquete legislativo que el Ejecutivo español planea comenzar a implementar a partir de la próxima semana, mediante cambios en la legislación vigente.
Prohibición para menores y verificación obligatoria de edad
Una de las medidas centrales es la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores de 16 años en España. De acuerdo con lo anunciado, las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, descartando mecanismos simbólicos como simples casillas de confirmación.
El objetivo, según el Gobierno, es impedir de manera real el acceso de menores a contenidos considerados dañinos, así como reducir riesgos asociados al acoso digital, la exposición a violencia, la desinformación y la explotación en línea.
Responsabilidad penal y nuevos delitos digitales
Además del veto a menores, el plan contempla cambios legales para responsabilizar a los ejecutivos de las plataformas por infracciones cometidas dentro de sus servicios, especialmente cuando no actúen ante la difusión de contenidos ilegales o de odio.
Entre las medidas anunciadas también se encuentra la tipificación como delito penal de la manipulación algorítmica, así como de la amplificación deliberada de contenidos ilegales, una práctica que, de acuerdo con el Ejecutivo, contribuye a la polarización social y a la normalización de discursos de odio.
Sistema de monitoreo del odio y colaboración con la Fiscalía
El Gobierno español también informó que implementará un sistema de seguimiento del odio y la polarización, con el fin de rastrear, medir y exponer cómo las plataformas digitales contribuyen a la difusión de contenidos que fomentan la división social.
Finalmente, Sánchez adelantó que su administración trabajará de manera directa con la Fiscalía para investigar y perseguir posibles infracciones cometidas por plataformas como TikTok, Instagram y Grok, relacionadas con la difusión de contenidos ilegales.
Las medidas anunciadas colocan a España entre los países que buscan endurecer la regulación de las grandes tecnológicas, en línea con el debate internacional sobre la protección de menores y la responsabilidad de las plataformas digitales.