El ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, continúa generando reacciones políticas tras la detención de uno de los presuntos responsables.
El hecho, perpetrado en plena vía pública, dejó a ambos legisladores gravemente heridos y fue condenado por fuerzas políticas y autoridades federales como un acto de violencia directa contra representantes populares.
PRI se deslinda y aclara estatus del detenido
El 3 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales detuvieron a Jesús Emir Bazoco Peraza, señalado como integrante de una célula criminal vinculada al ataque.
De acuerdo con la autoridad federal, el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para vigilar movimientos de las autoridades y la adquisición de drones para actividades delictivas.
Tras difundirse versiones sobre una posible militancia partidista del detenido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa emitió un posicionamiento oficial para aclarar su relación administrativa con Jesús Emir Bazoco Peraza.
En el comunicado, fechado el 3 de febrero de 2026, el PRI estatal precisó que el detenido no cuenta con estatus de militante activo, ya que causó baja definitiva durante el proceso nacional de depuración del padrón de afiliados, al no refrendar su militancia. Conforme a sus registros internos, su estatus actual es de “no afiliado”.
El partido condenó de manera categórica el ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano y expresó solidaridad con las víctimas. Asimismo, subrayó que la responsabilidad penal es estrictamente individual y corresponde únicamente a las autoridades determinar responsabilidades conforme al debido proceso.
Finalmente, el PRI Sinaloa exhortó a que la información relacionada con el caso se maneje con objetividad y responsabilidad, y reiteró que no encubre ni protege conductas contrarias a la ley, deslindándose de cualquier vínculo institucional con el presunto agresor.