El proceso penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quedó formalmente congelado luego de que un juez federal concediera la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con más de 73 millones de pesos.
Con esta resolución, el caso deja de avanzar en el ámbito penal ordinario y pasa a depender exclusivamente del juicio de amparo, donde se definirá si el procedimiento que llevó a la vinculación del exmandatario estatal respetó o no sus derechos constitucionales. Hasta que exista una sentencia definitiva, el juzgado de control no podrá celebrar audiencias intermedias ni preparar un eventual juicio oral.
La decisión marca un punto clave en el litigio, ya que la suspensión definitiva amplía los efectos de la protección provisional concedida el pasado 13 de enero y coloca al juez federal como la autoridad que tendrá la última palabra sobre la validez del proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El escenario jurídico que se abre
En esta etapa, el juez de amparo deberá analizar si existieron irregularidades procesales durante la audiencia de vinculación a proceso, particularmente en la integración de la imputación y en el respeto al debido proceso. Si el amparo es concedido, el auto de vinculación podría quedar sin efectos y el procedimiento tendría que reponerse desde el punto en que se haya detectado la violación.
En caso de que la protección constitucional sea negada, el proceso penal se reactivará automáticamente y continuará conforme a las etapas previstas en el sistema de justicia penal acusatorio.
Prisión preventiva se mantiene
La suspensión definitiva no implica la libertad de César Duarte. El exgobernador continuará sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva y permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.
Acusación por lavado de dinero
La FGR imputa a Duarte el delito de lavado de dinero por un monto de 73 millones 925 mil pesos, recursos que presuntamente habrían salido de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua durante su administración.
De acuerdo con las investigaciones, parte de los fondos habrían sido canalizados a la Unión Ganadera División del Norte y a una institución financiera, entidades en las que el exmandatario figuraba como presidente o integrante de sus órganos directivos.
Un caso en suspenso
Con la suspensión definitiva, el expediente penal queda en pausa y el futuro del caso dependerá del análisis constitucional que realice el juez federal. La resolución que se emita en el juicio de amparo no solo definirá el rumbo del proceso contra César Duarte, sino que también podría sentar un precedente relevante sobre los alcances del control judicial en casos de alto perfil por presunto lavado de dinero.