La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva acusación penal en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado.
Este nuevo cargo se suma a su sentencia vigente de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y podría impedir que el ex mandatario recupere su libertad anticipada en abril de 2026, fecha en la que cumpliría su condena actual.
¿De qué se le acusa en este nuevo proceso?
La FGR sostiene que Duarte habría desviado aproximadamente 5 millones de pesos destinados a subsidios federales relacionados con un Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, durante su administración en 2012.
Este señalamiento corresponde al delito de peculado, es decir, al uso indebido o aprovechamiento de recursos públicos para fines distintos a los establecidos por la ley. Si se logra vincularlo a proceso en este nuevo caso, Duarte enfrentaría una condena adicional que podría prolongar su estancia en prisión.
Y en caso de ser encontrado culpable de este nuevo delito, su sentencia podría r en aumento por un ilícito que se castiga con hasta 14 años de prisión.
Audiencia reprogramada por falta de defensa
Aunque la FGR intentó avanzar con la audiencia inicial este lunes en el Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, la diligencia fue diferida para el próximo jueves 12 de febrero de 2026.
El aplazamiento se debió a que los abogados defensores de Duarte no estuvieron presentes, lo que llevó a que el juez asignara un defensor público de oficio para garantizar el debido proceso.
Contexto del caso y riesgo de libertad anticipada
La solicitud de la FGR representa la primera imputación por peculado que enfrenta Duarte directamente, distinta a los cargos que motivaron su extradición desde Guatemala en 2017, lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque sí forma parte de una amplia red de investigaciones por desvíos de recursos federales durante su administración.
Cabe recordar que una jueza federal el pasado 21 de noviembre negó la libertad anticipada al ex gobernador por no cumplir con los requisitos legales necesarios, lo que deja la puerta abierta a que los nuevos cargos terminen por prolongar su proceso judicial.