La Ciudad de México podría contar con baños públicos y regaderas de bajo costo destinados principalmente a personas en situación de calle y poblaciones vulnerables, como parte de una estrategia de salud pública preventiva y dignidad humana, de prosperar una iniciativa presentada en el Congreso capitalino.
La legisladora Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la Fracción VI al Artículo 35 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, a fin de otorgarles la facultad expresa de gestionar servicios básicos de sanidad en el espacio público.
“No es asistencialismo, es salud pública preventiva”
Durante su intervención, la diputada subrayó que miles de personas en la capital no cuentan con acceso a una regadera, un baño digno o agua suficiente para asearse, lo que impacta directamente en su salud, su dignidad y sus posibilidades reales de integración social.
“Hay personas que no cuentan con una regadera, con un baño digno, con agua suficiente para asearse. Y esa carencia impacta directamente su salud, su dignidad y su posibilidad real de integrarse a la vida social”.
— Diana Sánchez Barrios
Sánchez Barrios fue enfática al señalar que la propuesta no debe entenderse como asistencialismo, sino como una política de salud pública preventiva, al advertir que los problemas de higiene dejan de ser individuales y se convierten en un asunto colectivo.
Iniciativa se sustenta en la Constitución de la CDMX
La propuesta se fundamenta en el Artículo 9, apartado D, de la Constitución de la Ciudad de México, que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud, al agua y a una calidad de vida adecuada, lo que implica generar condiciones materiales mínimas para prevenir enfermedades y proteger el bienestar físico y mental de la población.
“Nadie puede ejercer plenamente sus derechos si no puede cubrir sus necesidades más elementales de higiene y cuidado”.
— Diana Sánchez Barrios
Falta de baños públicos profundiza exclusión social
La representante popular lamentó que la carencia de infraestructura sanitaria en la ciudad se refleje en el incremento de enfermedades, pero también en una mayor exclusión social, al reproducir modelos de control y castigo en el espacio público.
Además, advirtió que este problema no impacta de la misma manera a todas las personas, especialmente a mujeres y personas menstruantes.
“Para las mujeres y las personas que menstrúan, la ausencia de baños y regaderas implica una vulneración agravada. Sin condiciones de higiene, privacidad y seguridad, la menstruación se convierte en un factor de riesgo para la salud, la integridad y la dignidad”.
— Diana Sánchez Barrios
Iniciativa se alinea con la política de cuidados en la CDMX
Sánchez Barrios destacó que esta propuesta se inscribe en la nueva visión de cuidados impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y recordó que las Utopías han demostrado que el acceso al agua, la salud comunitaria y los servicios básicos pueden ser políticas públicas territoriales y transformadoras.
Asimismo, mencionó la reciente iniciativa enviada por el Ejecutivo local sobre la Ley del Sistema Público de Cuidados, que busca reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad pública.
Alcaldías deberán asumir su responsabilidad territorial
La legisladora sostuvo que ahora corresponde al Congreso traducir esta visión en normas concretas y a las alcaldías, como gobiernos de proximidad, asumir su responsabilidad directa en el territorio.
“El sistema de cuidados no se construye solo con grandes principios, sino con acciones cotidianas que impactan la vida de las personas: un baño, una regadera, agua y dignidad”, puntualizó.
Experiencias internacionales respaldan la propuesta
Finalmente, Sánchez Barrios destacó que la iniciativa no es improvisada y citó ejemplos de países como Francia, Finlandia, Canadá y Japón, donde los servicios públicos de higiene forman parte de políticas de salud urbana, con resultados positivos como la reducción de enfermedades, menor conflicto en el espacio público y menores costos al sistema de salud.
“Esta iniciativa apuesta por una ciudad que cuida, no que castiga. Nadie debería ser criminalizado por no tener dónde bañarse. Una ciudad verdaderamente justa se mide también en cómo garantiza lo más básico”, concluyó.