Una prolongada travesía migratoria para decenas de ciudadanos cubanos concluyó este lunes con su repatriación directa a La Habana. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos coordinó el traslado de 170 personas mediante un vuelo chárter que partió de aeródromos en Luisiana y Florida, poniendo fin a un proceso de detención que generó controversia por el uso de instalaciones militares para fines migratorios.
Dentro del grupo de repatriados se encontraban más de 50 hombres que vivieron una odisea logística desde finales del año pasado.
Estos individuos permanecieron recluidos en la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, utilizando instalaciones que en décadas pasadas albergaron a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Tras su estancia en el enclave militar, los detenidos pasaron por un centro de detención masiva en Natchez, Misisipi, antes de su expulsión definitiva del territorio estadounidense.
La organización Human Rights First, encargada de monitorear los movimientos aéreos de deportación, identificó este traslado como el primer vuelo de gran escala hacia la isla desde el 18 de diciembre.
A pesar de la relevancia del operativo, los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE optaron por no emitir declaraciones oficiales ni responder a cuestionamientos sobre el trato brindado a los hombres durante su estancia en la base naval.
La confirmación del regreso seguro de los ciudadanos llegó a través de redes de apoyo formadas por familiares en ambos países. Mediante grupos de mensajería, esposas y madres de diversas regiones de Cuba verificaron la llegada de sus parientes, quienes se reportaron uno a uno conforme ingresaban a sus ciudades de origen.
Según representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, organización que impugnó legalmente el uso de Guantánamo para procesar civiles, el total de los hombres que se encontraban bajo custodia en dicha base formó parte del vuelo del lunes.
El uso de Guantánamo como centro de detención para migrantes provocó críticas de diversos organismos de derechos humanos, que señalaron la falta de transparencia en los procesos realizados en una zona fuera de la jurisdicción civil ordinaria.