El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que durante la presente administración se han recuperado 1,126 concesiones mineras que abarcan 889,512 hectáreas en distintas regiones del país, como parte del proceso de revisión y reordenamiento del sector extractivo.
Durante la presentación oficial, en la que participó también José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, se detalló que 713 concesiones estaban ubicadas en 249,108 hectáreas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Incumplimientos legales, principal causa
De acuerdo con las autoridades, la recuperación de los títulos se debió principalmente a:
- Falta de pago de derechos mineros
- Omisión en la entrega de informes estadísticos y reportes de obras
Ebrard subrayó que estas acciones forman parte de una política para garantizar que las concesiones se mantengan activas solo cuando cumplan con las obligaciones fiscales, administrativas y ambientales establecidas en la ley.
Superficie equivalente a Morelos y Tlaxcala
Según los datos presentados, la superficie recuperada es equivalente territorialmente a la suma de los estados de Morelos y Tlaxcala.
Las entidades con mayor número de hectáreas recuperadas son:
- Sonora: 141,408 hectáreas (16%)
- Durango: 129,741 hectáreas (15%)
- Coahuila: 120,475 hectáreas (14%)
- Jalisco: 72,985 hectáreas (8%)
- Zacatecas: 69,602 hectáreas (8%)
- Chihuahua: 34,074 hectáreas (4%)
El resto corresponde a otras entidades, que en conjunto representan el 35% del total recuperado.
Reordenamiento del sector minero
La Secretaría de Economía destacó que la medida busca fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales, combatir irregularidades y asegurar que la actividad extractiva opere bajo criterios de legalidad y protección ambiental, especialmente en zonas de alto valor ecológico.
La recuperación de concesiones se enmarca en el nuevo modelo de política minera impulsado por el gobierno federal ya desde el Sexenio anterior, que prioriza el cumplimiento normativo y la supervisión más estricta de las actividades extractivas en México.