La administración del presidente Donald Trump dio este jueves uno de los pasos más drásticos en la historia ambiental de Estados Unidos al revocar la llamada endangerment finding o “conclusión de peligro”, una determinación científica adoptada en 2009 que consideraba a los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública.
La decisión, anunciada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), elimina la base legal que sustentaba casi todas las regulaciones climáticas federales y marca un giro radical con posibles consecuencias económicas, legales y geopolíticas a nivel mundial.
Al respecto, el presidente Trump afirmó que la revocación de este jueves es “la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos”, y a esto se suma la postura del administrador de la EPA, Lee Zeldin, quien la describió como el fin del “Santo Grial del exceso regulatorio federal”.
Sin embargo, científicos, juristas y organizaciones ambientales advierten que la decisión podría desmantelar décadas de política climática y desencadenar una larga batalla judicial que redefina el papel de Washington en la lucha contra el calentamiento global.
Revocación climática de Trump
La “conclusión de peligro” permitía a la EPA regular emisiones contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio y había sido respaldada por tribunales federales y por la Corte Suprema.
Su eliminación debilita o deja sin sustento regulaciones clave sobre autos, camiones, plantas de energía e industrias de petróleo y gas, principales fuentes de contaminación climática en Estados Unidos.
La administración también anunció la derogación de normas de emisiones vehiculares vinculadas a esa conclusión y un retraso de dos años a regulaciones más estrictas impulsadas durante el gobierno de Joe Biden para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos y más eficientes.
Según la EPA, la decisión se basa en argumentos legales que cuestionan la autoridad de la agencia para regular emisiones relacionadas con el cambio climático sin autorización expresa del Congreso.
Trump aseguró que las normas previas eran “desastrosas” para la industria automotriz y los consumidores.
Consecuencias económicas
Funcionarios republicanos sostienen que la desregulación reducirá costos, aliviará presiones sobre la industria automotriz y aumentará la disponibilidad de vehículos a gasolina más accesibles.
La administración también afirma que las medidas podrían ahorrar hasta 1.3 billones de dólares al país y fortalecer sectores vinculados a combustibles fósiles.
Sin embargo, especialistas advierten riesgos económicos a largo plazo.
Ann Carlson, profesora de derecho ambiental en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que la revocación “provocará más caos” que otras acciones ambientales del gobierno, al eliminar la base jurídica de múltiples normas existentes y abrir incertidumbre regulatoria para empresas e inversionistas.
Por su parte, el abogado energético Jeff Holmstead —exfuncionario de alto rango de la EPA durante el gobierno de George W. Bush— advirtió que, si la medida es confirmada por tribunales, ninguna futura administración podría regular las emisiones de dióxido de carbono sin una nueva ley del Congreso, lo que transformaría radicalmente la política energética estadounidense.
Gases de efecto invernadero
Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero, por lo que cambios en su política ambiental tienen repercusiones globales.
Expertos consideran que la decisión podría debilitar compromisos internacionales de reducción de emisiones y afectar las metas climáticas mundiales en un momento en que los fenómenos extremos —olas de calor, incendios forestales e inundaciones— se intensifican.
Meredith Hankins, directora legal climática federal del Natural Resources Defense Council, recordó que la autoridad de la EPA para regular emisiones ha sido considerada “derecho establecido” por tribunales y que la revocación reabre un debate jurídico que podría durar años.
El contexto energético también influye en el giro político, mientras Trump impulsa acuerdos petroleros internacionales —incluyendo la expansión del acceso estadounidense al crudo venezolano— su administración promueve una estrategia energética basada en combustibles fósiles y menor regulación ambiental, lo que podría reconfigurar mercados energéticos globales.
Batalla legal
Organizaciones ambientales, grupos de salud pública y estados liderados por demócratas ya anunciaron demandas contra la administración, argumentando que la decisión contradice la evidencia científica y precedentes judiciales.
Gina McCarthy, exadministradora de la EPA y exasesora climática de la Casa Blanca, calificó la medida de “temeraria” y afirmó que ignora riesgos cada vez más evidentes para la salud y el medio ambiente.
Expertos legales señalan que el caso podría llegar nuevamente a la Corte Suprema y convertirse en uno de los litigios climáticos más importantes de la historia reciente de Estados Unidos.
Con información de AP y CNN