La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó este viernes la iniciativa de la nueva Ley de Cine y el Audiovisual, una propuesta que sustituye el marco legal vigente desde la Ley Federal de Cinematografía de 1992 y que plantea un cambio estructural en la política pública del sector.
Durante la presentación, la funcionaria explicó que la reforma busca convertirse en un “paraguas” que articule las políticas culturales del Gobierno de México en materia cinematográfica y audiovisual. A diferencia del enfoque anterior —centrado en una visión industrial y de mercado— la nueva propuesta coloca en el centro los derechos culturales, con el objetivo de garantizar acceso, participación y diversidad.
El proyecto plantea un cambio de paradigma: pasar de considerar la obra audiovisual como mercancía sujeta a reglas de mercado a entenderla como un derecho cultural. En ese sentido, la nueva ley reconoce la diversidad de miradas, lenguas y territorios, así como la libertad creativa dentro de un ecosistema audiovisual y digital más amplio. La secretaria subrayó que la legislación no estará dirigida únicamente a directores, productores o exhibidores, sino a toda la comunidad cultural y a las audiencias, incluyendo todos los formatos audiovisuales.
Entre los ejes de la iniciativa se contempla el fortalecimiento de la memoria audiovisual mediante políticas de archivo, conservación, digitalización, restauración y difusión de largometrajes. Asimismo, se plantea consolidar el fomento al cine como una garantía del Estado, incluyendo la continuidad de instrumentos como FOCINE en la ley, la circulación de obras y un incremento progresivo de recursos sujeto a disponibilidad presupuestal.
En materia de exhibición, la propuesta establece que el 10% de la cartelera en salas deberá destinarse al cine nacional, con revisiones semestrales para verificar su cumplimiento. Además, se ampliará el periodo mínimo de exhibición de siete a 14 días para las producciones mexicanas, junto con la obligación de contar con materiales de promoción y horarios equitativos.
La iniciativa también contempla la creación de una sección visible y permanente para cine y audiovisual mexicano en plataformas digitales, con el fin de mejorar su posicionamiento y acceso en aplicaciones de streaming.
Curiel destacó que la ley incorpora la defensa de las audiencias y la democratización del acceso a la producción, distribución y difusión cinematográfica, mediante una mayor coordinación entre federación, estados y municipios, así como criterios de accesibilidad e inclusión.
La secretaria, además, adelantó que los incentivos específicos para el sector cinematográfico serán presentados el próximo domingo.
Respuesta ante la IA en el cine
Además de la nueva Ley de Cine y el Audiovisual, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de proteger a intérpretes y artistas de la voz frente al uso de inteligencia artificial.
De acuerdo con la exposición, la iniciativa surge en un contexto donde la IA ha abierto una discusión global sin precedentes, particularmente por la clonación y sustitución de voces humanas. En 2025, explicó, se registraron inquietudes de intérpretes de doblaje y artistas de la voz ante el uso no autorizado de sus registros vocales. Por ello, se instalaron mesas de trabajo con organizaciones del sector, personas intérpretes, especialistas, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Consejería Jurídica.
La propuesta reconoce la voz como una herramienta artística única e irrepetible, y establece la protección explícita de personas intérpretes y ejecutantes, incluyendo a profesionales que no cuentan con un régimen laboral formal. Asimismo, garantiza su protección frente al uso de herramientas de inteligencia artificial.
Entre las reglas planteadas, se establece que el uso de la voz e imagen deberá contar con autorización expresa e informada de la persona titular. También se contemplan sanciones para el uso no autorizado, así como criterios de contratación justa que incluyan un uso acotado de la voz, transparencia en las condiciones y claridad en las retribuciones.
La iniciativa incorpora además mecanismos para la resolución ágil de conflictos y controversias a través del Indautor, con el fin de ofrecer vías institucionales claras ante posibles violaciones.
Con estos cambios, la Secretaría de Cultura busca actualizar el marco legal frente a los desafíos tecnológicos actuales y reforzar los derechos laborales y de autor en el entorno digital.