Lo ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc no fue un operativo de reordenamiento. Fue una puesta en escena. Un despliegue de fuerza, cámaras, patrullas y discursos diseñados para criminalizar al comercio popular y enviar un mensaje político, no para resolver el espacio público.
Durante La Chilanguera se difundieron videos que exhiben a personal de la alcaldía Cuauhtémoc allanando oficinas privadas sin orden judicial, mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega transmitía en vivo, señalando a comerciantes como delincuentes y asumiendo funciones que no le corresponden.
El diputado Paulo Emilio García fue directo: aquí no hay política pública, hay venganza y propaganda.
“Esto no se explica sin las denuncias de corrupción que han hecho nuestras compañeras diputadas. No buscan ordenar, buscan imponer una visión política y escarmentar”.
— Paulo Emilio García
De oficio provocador a operativo violento: así se fabricó el conflicto
La escalada comenzó el 6 de febrero, cuando la alcaldía envió un oficio dirigido a la diputada Diana Sánchez Barrios, exigiéndole comprobar permisos de comerciantes en San Cosme. La legisladora respondió aclarando que no tiene cargo alguno en la organización Pro Diana.
El 12 de febrero, sin aviso previo ni diálogo, personal de la Alcaldía retiró a 25 comerciantes, decomisando mercancía valuada en miles de pesos, aunque en las boletas oficiales solo se registraron artículos menores.
Al día siguiente, el Gobierno de la Ciudad de México convocó a una mesa de diálogo. La alcaldía Cuauhtémoc no acudió. Ahí se explicó que los comerciantes fueron reubicados legalmente en San Cosme hace año y medio, por acuerdo con el entonces alcalde interino Raúl Ortega, para liberar el túnel Génova.
Horas después, ante la inexistencia de impedimento oficial, los comerciantes volvieron a instalarse.
Patrullas, golpes y cámaras: el momento del show
A las 17:30 horas del viernes 13, Alessandra Rojo de la Vega llegó al lugar acompañada de patrullas y personal de choque. Los comerciantes intentaron dialogar. No hubo respuesta.
La alcaldesa rompió el diálogo, ordenó el retiro violento de puestos y mercancía —preparada para vender el 14 de febrero— y el saldo fue inmediato: personas lesionadas, empujones y agresiones.
Testigos denunciaron ataques contra personas adultas mayores, comerciantes y miembros de la comunidad LGBT+. Incluso, en medio del caos, se registraron jaloneos de su propio equipo cuando la alcaldesa intentó retirarse del lugar.
El punto más grave: allanamiento y criminalización
Ya entrada la noche, cuando el conflicto estaba controlado, la alcaldesa regresó con un nuevo operativo bajo el pretexto de “buscar criminales”.
Las cámaras de seguridad captaron entonces el ingreso ilegal a oficinas privadas de Pro Diana, sin orden judicial, por parte de personal de la alcaldía. Minutos después, Rojo de la Vega realizó un live en redes sociales, criminalizando a los comerciantes y presentándose como autoridad ministerial.
Denuncias y trasfondo político
Hasta ahora, 12 comerciantes han denunciado ante la Fiscalía por lesiones, abuso de autoridad, amenazas, discriminación y robo de mercancía.
La diputada Diana Sánchez Barrios fue contundente:
“Ella quería confrontación. Los comerciantes querían trabajar. Su equipo insulta, violenta y agrede. La gente quiere orden, no persecución. La alcaldesa los llamó criminales”.
— Diana Sánchez Barrios
De acuerdo con los denunciantes, el operativo tuvo dos objetivos claros:
- Vengarse por la denuncia de presunta simulación de licitaciones que habrían entregado 97 millones de pesos al Grupo Meor.
- Acelerar la gentrificación en Cuauhtémoc, desplazando al comercio popular para abrir paso a intereses inmobiliarios.