Juan Manuel Iglesias López, quien es víctima por el descarrilamiento del Tren Interoceánico — ocurrido el 28 de diciembre de 2025 —- denunció retrasos en su denuncia ante la Fiscalía General de la República y presiones por parte de la Comisión Nacional de Víctimas para renunciar a sus abogados y obtener la reparación integral del daño.
“La Comisión de Atención a Víctimas, el día de ayer me llamaron para llegar a un acuerdo, pero este acuerdo dice haz de lado a tus abogados y lo hacemos nosotros y eso es éticamente incorrecto”, comentó.
En conferencia de prensa, y en compañía de sus representantes legales, Iglesias López aseguró que no renunciará a sus abogados, toda vez que la comisión de víctimas es parte del Gobierno Federal por lo que desconfía de esta institución.
“Soy David que se va a enfrentar al gigante Goliat de la injusticia y de la intransparencia”, expresó.
¿Cuál es el avance de la investigación?
Asimismo, Juan Manuel Iglesias López denunció que no ha podido recuperar su equipaje, mismo que vio por última vez tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
“No soy un neoliberal, me transporte de Ciudad Juárez, aquí no me pagó nadie, no me pagó el PRI, no me pagó el PAN”, acotó.
Por su parte, Adrián Arellano — abogado de Iglesias López —- detalló que a más de un mes la víctima no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que han presentado más de 20 escritos para tener una respuesta.
Además, el litigante destacó que de manera un poco tramposa, la Fiscalía General de la República se ha limitado a investigar el caso por exceso de velocidad y no se han agotado otras líneas de investigación tal como la calidad de los materiales.
“No solamente basta con señalar que hubo un exceso de velocidad, sino también tenemos que identificar si estas líneas han sido exploradas por parte de la fiscalía o no”, explicó.
En tanto, tras la conferencia Juan Manuel Iglesias López y sus abogados se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Santa Fe para ser atendidos por una agente del ministerio público, quien es responsable de la investigación.