La diputada del PRI, Tania Larios, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, así como del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de reconocer expresamente el embarazo infantil como una forma específica de violencia de género y fortalecer la actuación del gobierno frente a esta problemática.
Y es que el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años constituye una realidad que interpela directamente la responsabilidad del Estado en la protección integral de los derechos humanos de las niñas, al tratarse de una situación que, por su propia naturaleza, exige una respuesta institucional reforzada en materia de prevención, detección temprana, atención y sanción.
Embarazo infantil: una forma de violencia estructural
De acuerdo con estándares internacionales adoptados por el Estado mexicano, el embarazo infantil se define como aquel que ocurre en niñas de entre 10 y 14 años, una etapa de la vida en la que no existe madurez física, emocional ni social suficiente para asumir la maternidad ni para consentir de manera libre e informada una relación sexual.
Bajo esta perspectiva, el embarazo en menores de edad no puede considerarse un hecho voluntario, sino que se encuentra estrechamente vinculado con violencia sexual, coerción, abuso o relaciones profundamente asimétricas de poder.
La iniciativa destaca que, desde un enfoque de derechos humanos, el embarazo infantil constituye una forma de maternidad forzada, que vulnera derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de las niñas a vivir una vida libre de violencia. Asimismo, se subraya que los Estados tienen una obligación reforzada de actuar incluso en ausencia de denuncia, debido a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas.
Contexto nacional: una problemática persistente
A nivel nacional, el embarazo infantil y adolescente continúa siendo un fenómeno de carácter estructural. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes a 2023 indican que se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, lo que representa una tasa nacional de 11.4 nacimientos por cada mil mujeres en ese rango de edad.
Si bien la mayoría de los nacimientos se concentran en adolescentes de 15 a 17 años, los casos registrados en niñas de 10 a 14 años resultan particularmente alarmantes debido a los riesgos físicos, psicológicos y sociales que conllevan, así como por la presunción legal de que se trata de embarazos producto de violencia sexual, salvo excepciones muy específicas entre pares.
Panorama local: Ciudad de México
En el caso de la Ciudad de México, durante 2023 se registraron 2,746 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, lo que equivale a una tasa de 5.6 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo etario, una de las más bajas del país.
La diputada reconoció que esta cifra puede estar asociada a mejores condiciones de acceso a educación, servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la existencia de programas preventivos en la capital.
No obstante, advirtió que la presencia de estos casos demuestra que el embarazo infantil no es un fenómeno inexistente en la Ciudad de México, y que persisten desigualdades internas, especialmente en zonas con menores niveles de acceso a servicios educativos y de salud.
Vacíos normativos en la legislación local
Uno de los principales problemas que la iniciativa busca atender es la ausencia de un reconocimiento expreso del embarazo infantil como una modalidad de violencia dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
Esta omisión, se señala, limita la capacidad de las instituciones para prevenir, atender y erradicar estos casos, así como para garantizar una protección integral y oportuna a las víctimas.
Adicionalmente, el Código Penal para el Distrito Federal no contempla sanciones específicas para los supuestos en los que se produce un embarazo infantil, a pesar de que dichas conductas afectan gravemente el desarrollo integral de las niñas y constituyen una violación directa a sus derechos sexuales y reproductivos.
La iniciativa advierte que esta falta de tipificación contribuye a la impunidad y dificulta la coordinación entre autoridades de salud, procuración de justicia y protección de derechos de la niñez.
Objetivos de la iniciativa
Con la reforma propuesta, se busca:
- Visibilizar el embarazo infantil como una forma extrema de violencia de género.
- Fortalecer la prevención y detección temprana de estos casos por parte de las autoridades.
- Garantizar una respuesta institucional integral, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de infancia.
- Establecer sanciones claras para quienes resulten responsables de vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes.
- Alinear la legislación local con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, igualdad de género y erradicación de la violencia contra las niñas.
Protección de las niñas
Finalmente, la diputada Tania Larios enfatizó que reconocer el embarazo infantil como violencia no sólo tiene un efecto jurídico, sino también simbólico y social, al enviar un mensaje claro de que el Estado no tolerará prácticas que interrumpan la infancia, perpetúen ciclos de desigualdad y normalicen la violencia contra las niñas.
Con esta iniciativa, el PRI en el Congreso de la Ciudad de México busca cerrar brechas legales, fortalecer la protección de las niñas y adolescentes y avanzar hacia una política pública más efectiva que garantice su derecho a una vida libre de violencia.