Una Comisión de la Verdad investigará por primera vez de manera exhaustiva lo ocurrido en el Zorro Ranch, una propiedad rural situada en Nuevo México vinculada a denuncias de abuso y trata sexual por parte del financiero Jeffrey Epstein y ahora se habla hasta de posible comisión de homicidio.
Por ello, en el marco de la Ley federal de Transparencia de los Archivos de Epstein, la comisión no solo revisará denuncias de abuso sexual y trata, sino que los legisladores quieren saber si existió corrupción o si autoridades locales omitieron registrar a Epstein como delincuente sexual en el estado tras su condena de 2008 en Florida.
Graves delitos bajo la lupa
Según lo que se ha revelado de este nuevo escándalo en el Zorro Ranch, también existe una solicitud para revisar un correo anónimo de 2019 que alegaba muertes de “chicas extranjeras” en el rancho, por lo que autoridades han pedido copias sin censura para investigar.
Testimonios y declaraciones juradas mencionan la propiedad como escenario de abusos, por lo que ahora la investigación se centrará en los vacíos en el proceso para aclarar por ejemplo por qué no hubo cargos estatales contra Epstein incluso cuando ya se había declarado culpable.
También se revisará si de nueva cuenta Epstein contó con una red de visitantes e influencias, ya sea por medio de la identificación de huéspedes, así como de posibles facilitadores.
Esto luego de que el fiscal general estatal Raúl Torrez ordenó en 2023 una investigación sobre negocios financieros utilizados por Epstein, que derivó en acuerdos con bancos por 17 millones de dólares destinados a prevención de trata, según la oficina del fiscal citada por AP.
Hasta ahora no hay cargos presentados en Nuevo México por esos señalamientos; sin embargo, se espera que conforme avancen las investigaciones la información salga a la luz.
Testimonios de sobrevivientes
Esto luego de la publicación masiva de archivos federales —más de tres millones de documentos, incluidos videos e imágenes— lo que dirigió el escrutinio hacia el Zorro Ranch.
Según AP, el comité bipartidista —con poder de citación y presupuesto superior a dos millones de dólares— buscará testimonios de sobrevivientes y determinará si autoridades locales fueron omisas ante presuntos delitos.
La representante estatal demócrata Andrea Romero, promotora de la medida, sostuvo en conferencia de prensa que la comisión pretende “reconstruir toda la historia” y llenar los vacíos que dejaron investigaciones federales previas.