El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por un juez federal, al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de peculado debido al presunto desvío de recursos públicos por 5 millones de pesos.
Esta determinación judicial se dio en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Acusación por desvío de recursos federales
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los 5 millones de pesos que se le imputan a Duarte provenían de fondos federales designados originalmente para programas sociales, en particular acciones de salud dirigidas a niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables en Veracruz.
La Fiscalía presentó un cúmulo de datos de prueba ante el juez, con los cuales sostienen que el exmandatario habría participado en una estrategia para redirigir dicho dinero a otros fines dentro de la administración estatal.
Prisión preventiva
El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que implica que Duarte permanecerá en la cárcel mientras se desarrolla este nuevo proceso penal.
Esto tiene relevancia adicional porque el exgobernador ya estaba cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión por otros delitos relacionados con lavado de dinero y asociación delictuosa, que estaba programada para concluir en abril de 2026. Con esta nueva vinculación, su salida podría verse retrasada.
Plazo para investigación complementaria
El juez otorgó un plazo de seis meses para que tanto la defensa como la Fiscalía realicen la investigación complementaria y puedan presentar pruebas adicionales para sustentar sus versiones de los hechos. Dicho plazo vence en agosto de este año, y durante ese periodo se deberán definir los elementos que se presentarán en la siguiente etapa del proceso judicial.
Respuesta de la defensa
La defensa de Duarte ha anunciado que impugnará la determinación del juez y buscará que se revise la medida cautelar y la imputación. El equipo legal sostiene que los recursos señalados no fueron desviados de forma ilícita y que hay argumentos que deben ser considerados para la liberación o modificación de la situación jurídica del exgobernador.