A casi nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, padres y madres de niños sobrevivientes del Colegio Enrique Rébsamen –en el fallecieron varios niños y profesores– denuncian la cancelación parcial y total de los apoyos económicos que durante años les permitieron atender las secuelas físicas y, sobre todo, psicológicas de la tragedia.
De acuerdo con testimonios de padres y menores (que vivieron la tragedia) recabados por Publimetro, la suspensión de los recursos ocurrió de manera selectiva y sin previo aviso, afectando al menos a 45 de los aproximadamente 90 beneficiarios que permanecían en el padrón. En otros casos, los apoyos fueron reducidos a menos de la mitad.
“Nunca había pasado algo así”
Aníbal, padre de Patricio —sobreviviente del colapso del plantel— y quien desde 2017 ha fungido como vocero de las familias afectadas, explicó que la alerta surgió cuando, durante los primeros días hábiles del mes, las dispersiones no llegaron.
“Las dispersiones se hacen normalmente dentro de los primeros diez días hábiles. Cuando se cumplieron, varias madres me avisaron que no habían recibido nada. Otras solo recibieron una parte mínima. De los casos documentados, alrededor de 45 familias no recibieron un solo peso”, dijo.
Según Aníbal, nunca se habían suspendido los apoyos de manera selectiva. En años anteriores hubo retrasos administrativos, pero afectaban a todos por igual y se regularizaban posteriormente.
Apoyos surgidos tras el sismo de 2017
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un esquema emergente para apoyar a los menores sobrevivientes.
Debido a limitaciones legales, los recursos no se entregaron como indemnizaciones directas, sino mediante la combinación de tres programas del DIF: Niños Talento, Educación Garantizada y Becas Educativas. Al conjuntarlos, las familias recibían alrededor de mil 800 pesos mensuales por niño.
“Nosotros calculábamos un gasto mínimo de 4 mil pesos al mes solo en terapias. Las sesiones costaban alrededor de 800 pesos cada una y se requerían al menos dos por semana. Nunca cubrió todo, pero ayudaba”, señaló.
El recorte del 68%
En alrededor de un año y tres meses, los apoyos comenzaron a disminuir. Primero se eliminaron dos de los programas mediante los cuales se entregaban los recursos, lo que representó una reducción inmediata de más del 50%.
Posteriormente, los beneficiarios fueron integrados a un único apoyo general, equivalente a entre 800 y mil pesos mensuales, monto que —de acuerdo con Aníbal— representó en total una quita acumulada de hasta el 68% respecto a lo originalmente otorgado tras la tragedia.
“Se eliminaron los vehículos administrativos que daban sustento legal a la reparación integral del daño. Con eso, el gobierno se quitó la responsabilidad que había asumido la administración anterior”, relató.
Suspensión total a la mitad de los beneficiarios
Actualmente, la situación se ha agravado. De los cerca de 90 niños y jóvenes que permanecían en el padrón —de un universo inicial de más de 150—, aproximadamente la mitad no recibió ningún depósito este mes. Otros recibieron montos reducidos de hasta 400 pesos, pues “a unos se los suspendieron por completo y a otros se los redujeron sin ningún criterio claro. No hay lógica ni explicación oficial”.
Aníbal afirma haber hablado con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, quienes inicialmente le señalaron que se trataba de una “inconsistencia administrativa”. Sin embargo, asegura que también recibió información interna que apunta a una decisión directa para retirar el mayor número posible de apoyos a esta comunidad.
Consecuencias en la salud mental
Las familias advierten que la cancelación de los apoyos impacta directamente en la salud mental de los sobrevivientes, muchos de los cuales siguen enfrentando estrés postraumático complejo, agravado por la recurrencia de sismos y simulacros en la Ciudad de México.
Tal es el caso de Luna, quien –durante el sismo del 19S del 2017– vio como a su maestra fallecida en los escombros, lo que le dejó dicho estrés postraumático. Actualmente, cada vez que suena la alerta sísmica le genera una grave ansiedad, por lo que pidió que vuelva la ayuda económica con la que pagaba las terapias psicológicas.
“Mi dispersión pagaba los medicamentos que tiene un precio preferente. Esto es importante, porque al día de hoy, cuando hay simulacro no puedo reaccionar adecuadamente. Mi mamá hoy me acompañó en el simulacro que había a las 11 am (18 de febrero 2026) y me siento bastante incapaz de responder correctamente, todavía recuerdo lo que pasó ese día, escuchando el simulacro todavía veo a mi maestra cómo le cayeron escombros”, expresó la niña de 13 años al borde de las lágrimas.
Aníbal relata que su hijo Patricio ha reaccionado de maneras opuestas ante distintos eventos sísmicos: en ocasiones tranquiliza a otros compañeros; en otras, queda completamente inmóvil. También existen casos documentados de dermatitis nerviosa, crisis de ansiedad y recaídas severas. “Nuestros hijos tienen una impronta muy clara: el sonido de la alerta sísmica significa muerte. Algunos se paralizan, otros se disocian, otros entran en modo de rescate”.
Promesas incumplidas y atención fragmentada
El vocero recordó que, en su momento, la entonces jefa de Gobierno se comprometió por escrito a realizar estudios médicos y psicológicos especializados para determinar el tratamiento adecuado para cada menor, promesa que, asegura, nunca se cumplió.
“Los expertos nos decían que los niños necesitaban atención psiquiátrica especializada en trauma severo, como la que se brinda a menores expuestos a bombardeos. Eso nunca se implementó”, aseveró.
Aunque algunos niños recibieron atención en hospitales públicos y en instalaciones del DIF, estos servicios se fueron retirando gradualmente con el paso de los años.
Pese a todo, Aníbal subraya que los sobrevivientes del Rébsamen no se asumen como víctimas. “Tenemos jóvenes estudiando maestrías en el extranjero, otros se hicieron rescatistas. Son héroes. Pero ser héroes no significa que no se quiebren”.
Finalmente, las familias hicieron un llamado a la sociedad para no normalizar el retiro de apoyos a víctimas de tragedias y exigir rendición de cuentas a las autoridades, sin importar el partido en el poder.
“Hoy fue el Rébsamen. Mañana puede ser cualquier otra tragedia. Si no exigimos, si no vigilamos, el abandono se repite”, concluyó.