El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este viernes un fallo histórico que declara ilegales los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump. La resolución, que contó con una mayoría de votos en el máximo tribunal, representa un golpe directo a la política comercial proteccionista impulsada desde la Casa Blanca y genera consecuencias inmediatas para la economía global.
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, el tribunal determinó que el Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al implementar estos gravámenes bajo el argumento de la seguridad nacional.
La sentencia establece que la imposición de dichas tarifas comerciales requiere necesariamente de la aprobación previa del Congreso, invalidando así el mecanismo de órdenes ejecutivas utilizado por el mandatario para tasar productos extranjeros, especialmente aquellos provenientes de México, China y la Unión Europea.
El impacto en los mercados financieros internacionales fue instantáneo. Tras conocerse el fallo, los principales índices bursátiles registraron movimientos al alza, mientras que las divisas de los países más afectados por los aranceles mostraron signos de recuperación frente al dólar.
Analistas económicos consultados indicaron que esta decisión judicial elimina una de las mayores fuentes de incertidumbre en el comercio exterior, permitiendo la reactivación de cadenas de suministro que permanecían bloqueadas o bajo altos costos operativos.
Por su parte, el portal de López Dóriga señaló que la Corte Suprema enfatizó la necesidad de respetar la división de poderes. El fallo sostiene que el uso de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, herramienta que Trump invocó para justificar los impuestos como una medida de defensa, no otorga un cheque en blanco al presidente para alterar la estructura tributaria del país sin supervisión legislativa.
Desde la Casa Blanca, la reacción inicial fue de rechazo. El equipo legal de la presidencia argumentó que esta decisión limita la capacidad de Estados Unidos para negociar acuerdos comerciales ventajosos y proteger la industria nacional.
No obstante, el mandato judicial obliga a la suspensión inmediata de los cobros en las aduanas y abre la puerta a reclamaciones legales por parte de empresas que pagaron miles de millones de dólares en aranceles durante los últimos meses.
Este revés judicial ocurre en un momento de alta tensión política y redefine el equilibrio de poder en Washington. La resolución del Supremo sienta un precedente fundamental que impide que futuros mandatarios utilicen la seguridad nacional como un recurso discrecional para imponer barreras comerciales de manera unilateral.