El presidente Donald Trump arremetió contra la Corte Suprema de Justicia ante la posibilidad de que el tribunal emita un fallo adverso sobre su intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario expresó su desconfianza hacia la resolución que tomarán los magistrados, asegurando que el organismo llegará a una “conclusión equivocada”.
La controversia gira en torno a la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual garantiza desde hace casi 160 años la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense.
Trump sostiene que este precepto legal fue redactado específicamente para proteger a los hijos de personas anteriormente esclavizadas tras el fin de la Guerra Civil, y no para beneficiar a ciudadanos de otras naciones. En sus declaraciones, el presidente afirmó que el fallo favorecerá a países como China, a los que acusa de obtener beneficios económicos mediante esta práctica.
La Corte Suprema aceptó revisar si el decreto presidencial que busca anular este derecho es constitucional. Este nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial surge apenas unos días después de que el tribunal declarara ilegales los aranceles de emergencia impuestos por la administración Trump.
Dicha resolución previa generó críticas directas del presidente hacia los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, ambos designados durante su propio mandato, quienes votaron junto al bloque liberal y al presidente de la corte, John Roberts.
“Esta Corte Suprema encontrará la manera de llegar a una conclusión equivocada, una que, una vez más, hará felices y ricas a China y a otras naciones”, escribió el mandatario. Con estas palabras, Trump intensifica su campaña contra los magistrados, sugiriendo que sus decisiones responden a intereses ajenos a la seguridad nacional.
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva representaría un cambio radical en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Organizaciones civiles y expertos constitucionales advierten que un fallo en favor de la C
asa Blanca alteraría principios fundamentales establecidos desde 1868. Mientras tanto, el tribunal se prepara para analizar los argumentos históricos y legales presentados por el gobierno, en medio de un clima de confrontación política que pone a prueba la independencia de la máxima instancia judicial del país.