La reciente caída de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, marca un punto de inflexión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero también despierta alertas sobre los riesgos políticos que enfrenta la administración de Donald Trump. La muerte del capo, ocurrida tras un enfrentamiento con el ejército mexicano, derivó en una ola de violencia que dejó negocios en llamas y a ciudadanos estadounidenses varados en zonas turísticas como Puerto Vallarta.
Este giro en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum responde a un año de intensas presiones provenientes de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense sostuvo previamente que México debía perseguir a los líderes criminales o Estados Unidos intervendría directamente. Aunque la inteligencia de Washington colaboró en la localización del objetivo, Trump exigió de inmediato intensificar los esfuerzos contra el narcotráfico mediante sus redes sociales.
Para Trump, el entusiasmo por la “mano dura” refuerza su imagen de fortaleza ante su base electoral, especialmente tras designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Sin embargo, analistas advierten que una ofensiva permanente conlleva peligros significativos. La inestabilidad prolongada podría dañar la economía regional y comprometer la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA programada para este verano.
Además, la historia demuestra que las capturas de alto perfil suelen generar titulares políticos, pero pocas veces interrumpen el flujo de drogas o desarticulan la corrupción estructural en los sistemas policiales y empresariales.
La postura de Washington se formalizó en el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, un documento que exige cooperación hemisférica contra los “narcoterroristas” y busca frenar la influencia de potencias como China en la región. Mientras legisladores republicanos, como Dan Crenshaw y Ted Cruz, celebran el suceso como el inicio de una guerra necesaria, críticos en el Congreso y grupos de derechos humanos cuestionan la legalidad de las operaciones militares en altamar y el uso de la fuerza letal sin debido proceso.
Pese al éxito operativo, el malestar social y los disturbios violentos registrados el fin de semana subrayan la fragilidad del control territorial. La Casa Blanca optó por una reacción moderada para no presentar a la mandataria mexicana como una subordinada, pero el mensaje de fondo permanece: la administración Trump considera que las amenazas en el entorno cercano son el mayor problema de seguridad nacional y mantendrá la presión para que México actúe bajo los términos dictados desde Washington.
