En un movimiento que sacude la diplomacia regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México consintió de manera tácita el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. Durante un mitin político enfocado en la industria energética, el mandatario defendió su decisión basada en el control geográfico que ejerce su nación sobre la zona.
Desde un estrado con vista al mar, Trump se refirió a las aguas como las “resplandecientes costas del Golfo de América”. Según su argumento, la extensión de la línea costera estadounidense justifica la nueva denominación, desplazando un nombre que posee siglos de vigencia histórica y reconocimiento cartográfico.
El titular del Ejecutivo estadounidense fundamentó esta orden ejecutiva en una cuestión de porcentajes. Trump explicó que, tras analizar la geografía de la cuenca, determinó que Estados Unidos posee la gran mayoría del litoral.
“Dije: ‘¿Saben?, deberíamos cambiar el nombre, tenemos el 92% de la costa’. Pero ellos llegaron primero. Llevan aquí cien años más, el Golfo de México, cien años más. Y ahora es el Golfo de América, porque tenemos el 92%”, declaró el republicano ante sus simpatizantes.
Respecto a la postura de la administración mexicana, Trump afirmó que el proceso de transición resultó inesperadamente sencillo: “No diría que México está encantado, pero lo aceptaron sin problemas”, añadió, sugiriendo una falta de resistencia diplomática inicial que contrasta con las reacciones posteriores.
Pese a las afirmaciones de Trump, el reconocimiento internacional de este cambio es inexistente. Las menciones originales al Golfo de México datan del siglo XVI, consolidadas durante el Virreinato de la Nueva España. El decreto firmado en 2025 por la Casa Blanca solo tiene validez
legal dentro de las agencias federales de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente la medida, calificándola como una imposición unilateral que ignora la soberanía y la historia compartida. La tensión escaló al ámbito tecnológico después de que el gobierno mexicano anunció una demanda formal contra Google. La acción legal surge tras la modificación del nombre de la región en la aplicación Google Maps, lo cual México considera una alteración arbitraria de la cartografía global.