La diputada Cecilia Vadillo informó que el caso del Parque Lira forma parte de una red internacional de corrupción para privatizar espacios públicos, el mismo esquema que operó en España y que el alcalde Mauricio Tabe importó a la Ciudad de México.
“Hoy nos damos cuenta que forma parte de una red internacional de corrupción para privatizar espacios públicos. Esto ya había ocurrido en España”, denunció Vadillo.
Desde enero de 2026, el espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas”, operado por la productora Let’s Go Company de Iñaki Fernández, inició su promoción y venta de boletos sin que existiera constancia pública de los permisos necesarios para intervenir un parque histórico y área verde protegida.
Con boletos en 400 pesos, la ganancia estimada es de 120 millones de pesos, mientras que la Alcaldía Miguel Hidalgo solo recibiría 4 millones, sin claridad de qué figura jurídica ampara este ingreso. La empresa no pagó por el uso del espacio público.
Por más de 5 denuncias en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se canceló el evento. Faltaron permisos del INAH porque es patrimonio histórico, de SEDEMA tras la tala de muchos árboles y afectación de jardineras que dejaron el parque pelón, y de Metrópoli.
“El alcalde tenía los permisos que él mismo expide, incluso la empresa aceptó que no tramitó los permisos”, señaló Vadillo.
La legisladora exigió que se desmonte el espectáculo y se regrese el parque a su uso público sin daños para los vecinos. “Lo más grave es la privatización del espacio público. Si permitimos esto, es un precedente grave para toda la ciudad”.
Vadillo reveló que este tipo de espectáculos ya se habían intentado realizar en varias ciudades de España con la misma resistencia vecinal porque están ocupando espacios públicos históricos. Es el mismo modus operandi: abandonar el espacio público y posteriormente llega la misma empresa del mismo dueño a ocupar el parque sin pagar.
“Tampoco había contratos, es una calca”, recalcó.
Iñaki Fernández y su empresa Let’s Go Company generan conflictos ambientales, patrimoniales y sociales en distintas ciudades de Europa. En Barcelona, Torre Girona, acumuló denuncias por impacto en biodiversidad, ruido y contaminación lumínica.
En Madrid, en el Real Jardín Botánico, organizaciones ecologistas denunciaron contaminación sonora y lumínica en un recinto científico dedicado a la conservación. El dueño enfrenta delitos ambientales y es investigado por delitos contra el medio ambiente.
“En España se agotó el modelo y Tabe se lo trajo a la Ciudad de México”, concluyó.