La Inteligencia Artificial ya se usa todos los días dentro de las empresas. Empleados la consultan, proveedores la utilizan para entregar proyectos y equipos completos toman decisiones apoyados en estas herramientas. El problema es que las reglas jurídicas que deberían regularla siguen ancladas en el pasado.
El CEO de la firma de consultoría y corretaje de tecnología eSource Capital, Enrique Camacho alertó que 90% de los contratos empresariales vigentes no incluye cláusulas relacionadas con el uso de inteligencia Artificial (IA), confidencialidad ampliada o propiedad del contenido generado por estas herramientas.
Evidenció que la adopción tecnológica avanza más rápido que la protección legal. Apuntó que más del 60% de las empresas en América Latina ya utiliza herramientas de IA en procesos internos, mientras que los contratos laborales, acuerdos con proveedores y manuales internos fueron diseñados antes del auge de estas tecnologías.
Zonas grises amenazan a empresas
El especialista advirtió que el escenario descrito deja zonas grises sobre límites de uso, manejo de datos sensibles y responsabilidad por errores derivados de sistemas automatizados.
“Uno de los riesgos más subestimados es la utilización de plataformas abiertas como ChatGPT o Gemini en sus versiones sin costo. En estos entornos, la información ingresada puede emplearse para entrenar modelos externos”, advirtió.
Camacho refirió que, en términos prácticos quedan expuestos –sin protección legal– planes estratégicos, reportes financieros, bases de datos o incluso código fuente podrían terminar alimentando sistemas, basados en Inteligencia Artificial que después generen resultados para terceros.
“La data es la gasolina de la Inteligencia Artificial. Sin reglas claras, la búsqueda de productividad puede comprometer activos estratégicos”, explica Camacho. El incremento en eficiencia —que en algunos casos puede duplicar la capacidad operativa— ocurre en paralelo con una mayor exposición de información confidencial.
¿Cómo evitar los riesgos legales de la IA?
Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el primer paso para reducir riesgos no es tecnológico, sino contractual. Recomiendan actualizar contratos laborales y con proveedores, limitar el uso de versiones gratuitas en procesos sensibles y establecer reglas claras de gobernanza de datos.
La Inteligencia Artificial puede duplicar la capacidad operativa de una empresa. Pero integrarla sin actualizar los contratos puede abrir la puerta a problemas legales y financieros que pocas compañías han dimensionado.
Definir contractualmente la propiedad del contenido generado con IA se perfila como la alternativa jurídicamente más sólida y financieramente más eficiente para proteger activos estratégicos.
“La innovación tecnológica es positiva y necesaria, pero debe ir acompañada de gobernanza de datos y claridad contractual. Integrar inteligencia artificial sin actualizar las reglas del juego es asumir riesgos innecesarios”, concluyó Camacho.