La fiscalización ambiental en México atraviesa uno de sus periodos más estrictos en años recientes. Entre 2022 y 2024, las autoridades impusieron multas acumuladas por 305.8 millones de pesos a empresas responsables de contaminar cuerpos de agua y recursos naturales, de acuerdo con datos del sector.
Las cifras reflejan un endurecimiento en la vigilancia y aplicación de la ley ambiental, encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Además de las sanciones económicas, las autoridades han aplicado medidas más severas, como clausuras parciales o totales, suspensión de permisos y obligaciones de remediación ambiental, lo que implica costos adicionales para las empresas infractoras.
Clausuras y suspensión de licencias
Especialistas advierten que el incumplimiento ambiental dejó de ser un costo menor para las compañías.
“Antes muchas empresas consideraban las multas como un costo operativo. Hoy hablamos de clausuras, suspensión de licencias y obligaciones de reparación histórica. Eso convierte el incumplimiento en un riesgo existencial para ciertas operaciones industriales”, explicó Pedro Feres, gerente comercial de la firma m-risk.
Este escenario ha provocado cambios en la estrategia empresarial. Según datos de la consultora, entre 10% y 20% del presupuesto destinado a inversiones y expansión en algunas empresas industriales se está redirigiendo al cumplimiento ambiental preventivo.
Estas inversiones incluyen sistemas de monitoreo continuo, laboratorios acreditados y plataformas digitales de control ambiental.
Incumplimientos más frecuentes detectados por autoridades
De acuerdo con especialistas, en las inspecciones ambientales suelen repetirse varios tipos de irregularidades.
Entre las más comunes se encuentran:
- Permisos ambientales desactualizados o inexistentes, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
- Manejo inadecuado de residuos peligrosos
- Reportes ambientales incompletos o sin respaldo de laboratorios acreditados
- Falta de documentación organizada durante inspecciones y auditorías
Según m-risk, en más del 80% de los casos analizados el problema no es el desconocimiento de la norma, sino la falta de control interno y documentación organizada.
Empresas refuerzan controles para evitar sanciones
Ante el endurecimiento de la fiscalización, empresas han comenzado a implementar herramientas de trazabilidad y control documental, que permiten centralizar permisos, monitorear obligaciones legales y generar alertas sobre vencimientos regulatorios.
De acuerdo con estimaciones de la consultora, este tipo de sistemas puede reducir entre 50% y 70% el riesgo regulatorio, al facilitar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Especialistas también recomiendan auditorías ambientales independientes, capacitación interna y convenios preventivos con autoridades, como medidas para anticipar posibles sanciones.