En la reunión del presidente Donald Trump con líderes latinoamericanos, entre los que no estuvieron presentes México, Brasil, Colombia ni Venezuela, el mandatario estadounidense firmó una proclama y no una orden ejecutiva, como regularmente hace, pero ¿qué es y qué implica?, sobre todo para las naciones involucradas.
El documento difundido por la Casa Blanca este 7 de marzo de 2026 fija la línea política de Washington para “destruir” a los cárteles en el hemisferio, promete entrenar y movilizar a fuerzas aliadas y habla de usar “todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles”.
Sin embargo, por sí sola la proclama no equivale automáticamente a una autorización operativa nueva para que el Ejército de Estados Unidos intervenga en cualquier país de la región.
La proclama, titulada “Commitment to Countering Cartel Criminal Activity”, sostiene que Estados Unidos y sus socios deben coordinarse para quitar a los cárteles control territorial, financiamiento y capacidad operativa, y dice que Washington “entrenará y movilizará” a militares de naciones aliadas.
El texto enlaza esa estrategia con una coalición de 17 países, anunciada en paralelo a la cumbre Shield of the Americas en Florida; no obstante, reportes hablan de menos países en la reunión.
Proclama y orden ejecutiva
De acuerdo con el Federal Register y los Archivos Nacionales, las órdenes ejecutivas son documentos con los que el presidente dirige la operación del Poder Ejecutivo federal.
Las proclamas, en cambio, se usan para comunicar política, observancias, comercio u otros asuntos que requieren aviso público.
Ambas se publican en el Federal Register cuando tienen aplicabilidad general y efecto legal, pero tienen efectos distintos.
Básicamente, una orden ejecutiva suele transmitir instrucciones más directas a agencias federales, mientras que una proclama sirve para anunciar una postura presidencial o activar ciertos efectos cuando una ley ya le da esa facultad al presidente.
Alcances de una proclama
En este caso, la proclama de Trump marca una doctrina política y de seguridad, pero no reemplaza leyes, tratados, autorizaciones del Congreso ni los requisitos legales internos de cada país aliado.
Entonces, ¿qué alcance real tiene lo firmado por Trump? Analistas consideran que el alcance más claro, por ahora, es político, diplomático y estratégico, ya que fija como objetivo oficial de la Casa Blanca la destrucción de cárteles y organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio y respalda una coordinación militar más estrecha con gobiernos aliados.
Con esto, destacan analistas internacionales, prepara el terreno para entrenamiento, asistencia, inteligencia, financiamiento y operaciones conjuntas donde exista base legal y acuerdo del país anfitrión.
Lo que no hace, por sí sola, es crear una ley nueva ni detallar reglas operativas país por país, para que esa política se traduzca en acciones concretas, normalmente se requieren otros instrumentos.
Entre ellos están las órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales, acuerdos bilaterales, decisiones del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, autorizaciones presupuestales y, según el caso, avales del Congreso estadounidense y del gobierno receptor.
Documentos legales en Estados Unidos
Además de proclamas y órdenes ejecutivas, la Casa Blanca puede usar:
- Memorandos presidenciales, que también sirven para instruir a agencias, aunque no siempre se publican salvo que tengan aplicabilidad general y efecto legal.
- Determinaciones presidenciales, comunes en temas de seguridad, ayuda exterior o comercio.
- Notices y otros documentos presidenciales que se publican en el Registro Federal cuando corresponde.
¿Cómo afecta a los países involucrados?
Lo más probable, a corto plazo, es un aumento de entrenamiento militar y policial con respaldo de Estados Unidos; intercambio de inteligencia sobre cárteles y pandillas transnacionales, así como operaciones conjuntas o de apoyo en países que ya aceptaron esa cooperación.
Por otro lado, las naciones que no participaron en este acuerdo podrían ser blanco de presión diplomática, como es el caso de México, que defiende su soberanía por derecho constitucional, mientras que Brasil y Colombia expresan oposición a las políticas del gobierno estadounidenses.
A la cumbre realizada en Florida asistieron líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
En esos países, el efecto más inmediato sería una agenda de seguridad más militarizada si sus gobiernos deciden traducir el anuncio en acuerdos concretos.
En cambio, en países ausentes o reacios —como México, Brasil o Colombia— el documento aumenta la presión política, pero no obliga jurídicamente a aceptar operaciones estadounidenses.