El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos del sector paraestatal, medida que forma parte de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El dictamen fue avalado por unanimidad en lo general con 116 votos a favor, mientras que en lo particular obtuvo 109 votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados, donde será discutida para continuar con su trámite legislativo.
Pensiones no podrán superar la mitad del salario presidencial
La iniciativa establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos en organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) podrá superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, equivalente a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La reforma también aplica para sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del gobierno federal, así como organismos descentralizados y entidades públicas de los estados y municipios.
El dictamen establece además que ningún contrato laboral o instrumento jurídico podrá fijar pensiones por encima de ese límite.
Reforma busca reducir privilegios y presión al gasto público
De acuerdo con el Senado, la medida podría generar ahorros estimados de hasta 5 mil millones de pesos anuales.
Los ajustes impactarían a más de 6 mil 200 exfuncionarios y extrabajadores, entre ellos aproximadamente 3 mil 500 de Luz y Fuerza del Centro, 2 mil de la CFE y 544 de Pemex, además de algunos casos en instituciones financieras públicas como Bancomext, Banobras y Nacional Financiera.
Oposición advierte problemas de técnica legislativa
Aunque el dictamen fue aprobado sin votos en contra, legisladores de oposición expresaron críticas sobre la aplicación retroactiva de la medida y los sectores excluidos.
El senador del PAN, José Máximo García López, consideró que la reforma establece límites razonables a las pensiones públicas, pero señaló problemas en su diseño técnico, al tomar como referencia el salario presidencial, el cual se modifica cada año.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, cuestionó que el límite no se fijara en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y criticó que no se incluyera a ministros de la Suprema Corte dentro de la medida.
Preocupación por retroactividad de la medida
Legisladores de Movimiento Ciudadano también respaldaron la reforma, pero advirtieron preocupaciones jurídicas.
La senadora Alejandra Barrales indicó que, aunque el proyecto generará ahorros importantes, la modificación cambia las reglas para pensiones ya otorgadas, lo que podría generar controversias legales.
El dictamen establece en un artículo transitorio que las jubilaciones y pensiones vigentes deberán ajustarse al nuevo límite, aunque aclara que los recursos ya recibidos por los beneficiarios no tendrán que devolverse.