La disputa política por el derrumbe del edificio en San Antonio Abad, en la Ciudad de México, escaló en redes sociales después de que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino acusara a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de conocer y permitir la demolición del inmueble.
La funcionaria respondió que el permiso fue otorgado por el Gobierno de la Ciudad y que las facultades de supervisión son compartidas entre autoridades.
Morena acusa que la alcaldía “sabía” de la demolición
En una publicación en X, el Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México difundió un oficio fechado el 11 de noviembre de 2025. En el documento se indica que la dependencia “toma de conocimiento el inicio de los trabajos de demolición” en el inmueble ubicado en Avenida San Antonio Abad 124, colonia Tránsito.
Con base en ese oficio, los legisladores acusaron a la alcaldesa de haber tenido conocimiento del proceso. “No puedes negarlo. Es tu oficina. Es tu directora. Es tu firma institucional”, señalaron en el mensaje, en el que también cuestionaron si la alcaldía verificó requisitos como el programa de protección civil, la protección a colindancias o la póliza de responsabilidad civil.
“Pinochitos corruptos”: reclama de la Vega
El documento difundido también menciona que la demolición se realizaba bajo el esquema de “facilidades administrativas” otorgadas por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada para atender inmuebles dañados por el sismo de 2017.
Ante las acusaciones, Rojo de la Vega respondió en la misma red social y sostuvo que Morena está interpretando de forma parcial la legislación. Según explicó, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Alcaldías establece que las facultades de verificación en materia de obra y desarrollo urbano son coordinadas y compartidas con el Gobierno de la Ciudad.
“Hay que leer completa la ley, no solo lo que conviene”, escribió la alcaldesa, quien reiteró que su administración negó inicialmente el permiso de demolición y que la autorización final fue emitida por autoridades del gobierno central.