Lo que para las autoridades es un reporte de origen y deslindes, para los pescadores y habitantes es el fin de su entorno; una tragedia humana que trasciende los comunicados oficiales.
Este jueves 12 de marzo, la gobernadora Rocío Nahle García no solo confirmó el origen del hidrocarburo, sino que lanzó una acusación directa contra el modelo energético del pasado: la empresa responsable del derrame opera bajo el amparo de contratos otorgados durante la administración de Enrique Peña Nieto.
A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) se apresuró a declarar que sus instalaciones operan con normalidad, la realidad en la arena cuenta una historia distinta: la de una infraestructura privada que, protegida por la distancia, vertió el veneno que hoy lacera el patrimonio natural de Veracruz.
La crisis, que comenzó a dar señales de alarma desde el 2 de marzo, ha escalado a una denuncia por “ecocidio” ante la PROFEPA y SEMARNAT. Mientras Protección Civil y la Marina evalúan la magnitud técnica, los alcaldes de la región serrano-costera exigen justicia frente a un desastre que no solo mata especies marinas, sino que asfixia la economía de comunidades históricamente olvidadas.
Entre el hidrocarburo y la burocracia, los afectados aguardan una reparación que, como la marea, parece tardar demasiado en llegar.